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5ta Reunion 16/septiembre/2005
Reunión de trabajo en Washington 19/octubre/2005
Reunión de trabajo en Washington 8/marzo/2006
13va Reunion 20/septiembre/2006
Audiencia en Washington 24/octubre/2006
- ACTA PRIMERA REUNION EN CANCILLERIA CON EL ESTADO ARGENTINO:
30 DE MARZO DE 2005
ACTA
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se encuentran reunidos las partes en la petición Nº 12.204 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) – los peticionarios, Sra. Adriana Reisfeld, Diana Wassner, Sr. Jorge Lew y Dr. Pablo Jacoby (Memoria Activa); la Dra. Liliana Tojo y Julieta Di Corleto (CEJIL), la Dra. Andrea Pochak y el Dr. Victor Abramovich (CLS). Por el Estado nacional participan el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ambito Internacional, Embajador Horacio Méndez Carreras, el señor Director de Derechos Humanos de la Cancillería Consejero Federico Villegas Beltrán, por la Unidad Especial de investigaciones del atentado a la AMIA el Dr. Alejandro Rúa, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la Dra. Andrea Gualde, y por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la Dra. Mirta Sassone. Finalizadas las deliberaciones, las partes dejan constancia de lo siguiente:1. El Estado nacional entrega a los peticionarios de copia del proyecto de decreto a que se hace referencia en el punto 3.1 del acta de fecha 4 de marzo de 2005 suscripta en Washington, DC en el marco del 122º período ordinario de sesiones de la CIDH.
2. Los petici9onarios manifiestan que, sin perjuicio de que en el Decreto proyectado se agregue como anexo el texto del acta citada en el punto anterior, el mismo debería contener, en sus considerandos, una mención específica a Memoria Activa como parte que ha presentado e impulsado la denuncia en ámbito internacional, y en su parte resolutiva, el reconocimiento de responsabilidad tal y como fuera exteriorizado por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conforme al punto 2 del acta de fecha 4 de marzo de 2005. Asimismo, y en relación al punto 1 de la citada acta, la difusión del reconocimiento de responsabilidad del Estado deberá ser instrumentado mediante su publicación en los diarios “Clarín”, “La Nación” y “Página/12”, como así también a través de los espacios públicos de radiodifusión y/o televisión, informándose asimismo que el informe Grossman estará disponible para su consulta a través de las páginas web oficiales que correspondan.
3. El Estado se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para que el Decreto mediante el cual el Estado reconoce responsabilidad en la presente petición se dicte con anterioridad a la próxima reunión de trabajo.
4. En relación al punto 3.3.a del acta del 4/03/2005, los peticionarios manifiestan la importancia de que participe un funcionario de la Procuración General de la Nación. Asimismo, solicitan que se requiera a la Unidad Fiscal Especial a cargo del caso AMIA un listado de las causas en las que está interviniendo o en las que haya intervenido. En tal sentido, la Cancillería se compromete a formalizar la invitación a dicho órgano a tales efectos, ya a solicitar a la Unidad Fiscal mencionada la información requerida, con anterioridad a al próxima reunión de trabajo.
5. En relación al punto 3.3.b de la citada acta, los peticionarios manifiestan su preocupación por las demoras verificadas en el marco del juicio político seguido contra el juez Galeano, y solicitan que ello sea transmitido a las autoridades competentes. La Cancillería se compromete a canalizar dicha preocupación acompañando copia de la presente acta.
6. En el mismo sentido, los peticionarios manifiestan su preocupación por las demoras registradas en la resolución de las incidencias de recusación e inhibitoria en trámite ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Federal en las actuaciones en las que se investigan las irregularidades acontecidas en la investigación del caso AMIA. En tal sentido, el representante de a Unidad Especial de Investigaciones del caso AMIA agrega que resulta preocupante la demora en el trámite del juicio político seguido contra el juez Claudio Bonadío, solicitando se transmita tal inquietud a las autoridades competentes. La Cancillería canalizará tales solicitudes de igual manera que lo expresado en punto anterior.
7. En relación al punto 3.3.c de la mencionada acta, los peticionarios manifiestan la necesidad de que la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia cuente con capacidad legal para constituirse en querellante en las causas vinculadas al caso. El Estado se compromete en consecuencia a evaluar las medidas que pueden ser adoptadas a efectos de lograr tal objetivo, y a presentar a la mesa una propuesta en el marco de la próxima reunión de trabajo.
8. En relación al punto 3.3.d de la citada acta, el Dr. Rúa informa a la mesa de diálogo que se encuentran en poder de la Unidad Fiscal Especial de Investigaciones a cargo del Dr. Nisman, alrededor de 1500 cajas con documentación de inteligencia entregadas por la SIDE, documental que se encuentra en plena etapa de evaluación. Sin perjuicio de ellos, el Estado se compromete a hacer sus mejores esfuerzos para agotar la búsqueda de todo archivo o documentación en poder de la SIDE que pudiera estar vinculada al caso AMIA. En tal sentido, la Cancillería solicitará a la SIDE un informe acerca de las medidas realizadas para completar la búsqueda de documentación eventualmente faltante, así como el plan de acción tendiente a agotar dicha búsqueda, incluyendo, si existieran, actuaciones administrativas tendientes a esclarecer las razones por las cuales tal información no fue aportada oportunamente. Asimismo, la mesa de diálogo acuerda se formalice una invitación al titular de la SIDE a efectos de que informe acerca de esta temática.
9. En relación al punto 3.3.e de la mencionada acta, el Dr. Rúa informa q la mesa de diálogo que el relevamiento de la información migratoria disponible en la Dirección Nacional de Migraciones se encuentra muy avanzado, habiéndose informatizado a la fecha cerca de 15.000.000 de fichas entre los años 1992 y1994. Se espera finalizar la tarea alrededor de finales de año. Asimismo se señala que os registros migratorios se encuentran informatizados desde 1995.
10. En relación al punto 4 del acta de fecha 4/3/05, los peticionarios manifiestan la importancia de que el Ministerio del Interior participe en la mesa, específicamente en relación a la evaluación de medidas a implementarse en materia de creación de una unidad especializada en catástrofes y plan de contingencia para caso de atentados. En tal sentido, La Cancillería se compromete a formalizar una invitación a las autoridades que resulten competentes, a fin de que en la próxima reunión de trabajo, informen a la mesa de diálogo acerca de las medidas en estudio o que se hubieran implementado en relación a este tema.
11. En relación al punto 5.a y 5.b de la citada acta, el Dr. Rúa informa que la Oficina Anticorrupción elaboró un proyecto de ley que incorpora reformas en ambos sentidos. Y aporta copia del mismo a la mesa de diálogo. Asimismo, se hace entrega a la mesa de diálogo copia de un informe elaborado por la Oficina Anticorrupción done analiza cuestiones vinculadas al uso de fondos reservados por la SIDE y en cuyo marco se proponen diversas medidas a efectos de garantizar mayor transparencia. Los peticionarios se comprometen a analizar y eventualmente practicar observaciones al respecto con anterioridad a la próxima reunión e trabajo. La Cancillería se compromete a cursar invitación a la Ofician Anticorrupción a efectos de que informe acerca de tales iniciativas, en el marco de la próxima reunión de trabajo.
12. En relación al punto 6 de la citada acta, el Ministerio de Justicia informa que se encuentra a estudio un proyecto de ley tendiente a reparar a todas las víctimas. Los peticionarios manifiestan que esta iniciativa legal debería discutirse con todas las víctimas del atentado en un ámbito diferente a esta mesa de diálogo.
13. En relación al punto 7 de la citada acta, los peticionarios solicitan que el Estado se comprometa a abonar los honorarios regulados y/o a regularse judicialmente en la instancia doméstica a los letrados patrocinantes y/o representantes de las víctimas agrupadas en la organización Memoria Activa, por su actuación profesional en la causa AMIA y causas conexas. En relación con las costas generadas en el marco de la denuncia ante la CIDH, los peticionarios solicitan al Estado que efectúe una propuesta que contemple los estándares internacionales aplicables en la materia. En tal sentido, la Cancillería se compromete a realizar las consultas pertinentes y, en base a ello, transmitirá a los peticionarios la posición del Estado en el marco de la próxima reunión de trabajo
14. Las partes convienen en celebrar una nueva reunión de trabajo, tentativamente, el 3 de mayo de 2005, a las 9:30 horas.
15. Asimismo, las partes convienen en informar de lo actuado a la Comisión Interamericana de derechos Humanos a través de la Cancillería.
- ACTA SEGUNDA REUNION EN CANCILLERIA CON EL ESTADO ARGENTINO:
3 DE MAYO DE 2005
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los 3 días del mes de mayo de 2005, se encuentran reunidos las partes en la petición Nº 12.204 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) – los peticionarios, Sra. Adriana Reisfeld, Diana Wassner, Sr. Jorge Lew, Dr. Enrique Bursinsky y el Dr. Pablo Jacoby (Memoria Activa); la Dra. Julieta Di Corleto (CEJIL), la Dra. Andrea Pochak, la Dra. Leah Tandeter y el Dr. Victor Abramovich (CLS). Por el Estado nacional participan el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Méndez Carreras, el señor Director de Derechos Humanos de la Cancillería Consejero Federico Villegas Beltrán, el Dr. Javier Salgado de la citada Dirección, por la Unidad Especial de investigaciones del atentado a la AMIA el Dr. Alejandro Rúa, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la Dra. Andrea Gualde, y por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la Dra. Mirta Sassone, la Dra. María Eugenia Carbone y el Dr. César San Juan. Han participado asimismo, en carácter de invitados conforme lo convenido en el acta de fecha 30 de marzo de 2005, el Dr. Abel Fleytas Ortiz de Rosas, titular de la Oficina Anticorrupción, el Dr. Hernán Charosky, de la citada Oficina, el Sr. Comisario Héctor Omar Rago, de la Secretaria de Seguridad Interior, y el Dr. Juan Pablo Ugarte, de la Procuración General de la Nación. Finalizadas las deliberaciones, las partes dejan constancia de lo siguiente:
1. El señor representante de la Secretaria de Seguridad Interior realizó una presentación acerca de la estructura de la citada repartición, sus funciones y sus competencias. Asimismo, expuso acerca del papel de la misma como organismo de coordinación con distintas fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales. En ese sentido, los peticionarios advierten que de lo manifestado, no ha surgido concretamente la existencia de un plan de contingencia concreto y específico a ser instrumentado en caso de una emergencia masiva. Atento a ello, la Cancillería se compromete a trasladar a las autoridades del Ministerio del Interior dicha inquietud, solicitando asimismo información acerca de las eventuales iniciativas que se estuvieran estudiando en dicha cartera de gobierno sobre la adopción de un plan de contingencia para el caso de catástrofes y/o emergencias masivas.
2. En relación al punto 11 del acta de fecha 30 de marzo de 2005, el señor Titular de lo Oficina Anticorrupción expuso acerca de las diferentes iniciativas legislativas que se encuentran en estudio respecto de las cuestiones vinculadas con el uso y manejo de fondos reservados, como así también del acceso a información de inteligencia, tanto en el ámbito parlamentario como del Poder Ejecutivo. En ese sentido, los peticionarios manifiestan la importancia de que el Poder Ejecutivo pudiera remitir un proyecto de ley al Congreso en el que se consoliden los diferentes proyectos. El titular de la O.A. manifestó que comparte tales inquietudes, refiriendo que se harán los mejores esfuerzos para que, con anterioridad al próximo período de sesiones de la CIDH, el Poder Ejecutivo pudiera enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que contemple los diferentes aspectos abordados por las mencionadas iniciativas
3. El señor representante de la Procuración General de la Nación expuso acerca de las medidas adoptadas desde dicho órgano para facilitar las actividades de la Unidad Fiscal a cargo del Dr. Nisman. Los peticionarios manifiestan la importancia de que, sin perjuicio de la debida evaluación por parte del Dr. Nisman de la información y/o aportes que las causas conexas pudieran generar respecto de la investigación principal del atentado a la AMIA, se pudieran adoptar las medidas que fueran necesarias para que la presencia del Dr. Nisman en los juicios orales de las mencionadas causas conexas no resulte indispensable, de manera tal que los funcionarios a su cargo no queden sin la presencia y dirección del titular natural de la Unidad durante el lapso que pudieran insumir estos juicios. La Cancillería se compromete a transmitir tal inquietud a la Procuración General de la Nación mediante la remisión de copia de la presente acta.
4. En relación al punto 2 del acta del 30 de marzo de 2005, es Estado ha hecho conocer a los peticionarios que se encuentra en trámite en el ámbito de la Chancillería, un proyecto de decreto en el que se hace expresa mención tanto de los organismos denunciantes como de la fórmula de reconocimiento de responsabilidad conforme al acta de fecha 4 de marzo de 2005. Se informa asimismo, que el informe Grossman ya se encuentra disponible en la página web de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
5. El señor representante de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia informó a la mesa que, por resolución del pleno de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, se procedió al archivo de las actuaciones administrativas relacionadas con la actuación de los funcionarios del juzgado a cargo del Dr. Juan José Galeano, hasta tanto finalicen las causas penales en trámite. Los peticionarios manifiestan su preocupación por tal circunstancia, y solicitan que, por intermedio de la Cancillería, se transmita a dicho tribunal tal preocupación, y se solicite copia legalizada de los mencionados sumarios.
6. En relación al trámite vinculado con el juicio político impulsado contra el Dr. Claudio Bonadío, los peticionarios manifiestan su preocupación habida cuenta de que, de acuerdo a la información disponible, dicho trámite continuaría en el ámbito de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. En tal sentido, la Cancillería se compromete a transmitir la preocupación a las autoridades competentes, tanto de la Comisión de Disciplina, como así también de la Comisión de Acusación y a la Presidencia del Consejo.
7. En relación al punto 4 del acta de fecha 30 de marzo de 2005, la Cancillería hace entrega a los peticionarios de copia del informe que al respecto elaboró la fiscalía a cargo del Dr. Nisman.
8. En relación al punto 6 del acta de fecha 30 de marzo de 2005, el Dr. Rúa hizo entrega a los peticionarios de copia de la presentación efectuada ante la Oficina Anticorrupción y ante la Unidad Fiscal del Dr. Nisman, a fin de que consideren la posibilidad de que éstos realicen una presentación directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objeto de que ésta resuelva definitivamente la cuestión.
9. Asimismo, y en relación al punto 7 del acta de fecha 30 de marzo de 2005, el Dr. Rúa informa que se ha elaborado un proyecto decreto que se encuentra en trámite en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
10. En relación al punto 8 del acta de fecha 30 de marzo de 2005, la Chancillería entrega a los peticionarios copia del informe remitido por la SIDE.
11. Las partes convienen en celebrar una nueva reunión de trabajo, tentativamente, el 9 de junio de 2005, a las 15:30 horas.
12. Asimismo, las partes convienen en informar de lo actuado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Cancillería.
ACTA TERCERA REUNION - 22 DE JUNIO DE 2005
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los 22 días del mes de junio de 2005, se encuentran reunidos las partes en la petición Nº 12.204 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) – los peticionarios, Sra. Adriana Reisfeld, Diana Wassner, Sr. Jorge Lew y el Dr. Pablo Jacoby (Memoria Activa); la Dra. Julieta Di Corleto (CEJIL), la Dra. Andrea Pochak y la Dra. Leah Tandeter (CELS). Por el Estado nacional participan el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Méndez Carreras, por la Dirección de Derechos Humanos de la Chancillería el Dr. Javier Salgado, por la Unidad Especial de investigaciones del atentado a la AMIA el Dr. Alejandro Rúa, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la Dra. Andrea Gualde y la Dra. María Eugenia Carbone. Finalizadas las deliberaciones, las partes dejan constancia de lo siguiente:
1. La Cancillería ha informado a la mesa de diálogo que, conforme lo pautado en el marco de la reunión de trabajo de fecha 3 de mayo de 2005, se han cursado las comunicaciones mencionadas en los puntos 1, 2, 3, 5, 6 y 10.
2. Atento a que hasta la fecha no se ha recibido respuesta a tales comunicaciones, la Chancillería se compromete a reiterar las mencionadas comunicaciones, particularmente la vinculada al punto 5 del acta de fecha 3 de mayo de 2005. Asimismo, y en relación a las notas remitidas en función del punto 6 de la citada acta, las mismas serán también puestas en conocimiento de todos los integrantes del Consejo de la Magistratura.
3. Los peticionarios manifiestan su preocupación por la causa iniciada por la denuncia del Juez Juan José Galeano contra los Dres. Rúa, Jacoby y Ubeira, solicitando que dicha preocupación sea transmitida al fiscal de la causa. La Chancillería se compromete a vehiculizar tal preocupación mediante la remisión de una copia de la presente acta.
4. La Chancillería informa que, a solicitud de la misma, el Dr. Jacoby ha presentado copia certificada de la regulación de honorarios realizada por el Tribunal Oral Federal Nº 3, de la causa. La misma ha sido remitida a conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Dicha Secretaría emitió su opinión favorable en cuanto a que el Estado se comprometa a abonar los honorarios regulados y/o a regularse judicialmente tanto en la instancia doméstica como en la internacional. Asimismo, manifestó la conveniencia de requerir el asesoramiento de la Procuración del Tesoro de la Nación a los fines de establecer el mecanismo más idóneo desde el punto de vista jurídico.
5. Los peticionarios manifiestan que, en relación a las costas y honorarios relacionadas con la denuncia internacional, oportunamente aportarán una propuesta en tal sentido.
6. En relación al proyecto de decreto mencionado en el punto 4 del acta de fecha 3 de mayo de 2005, la Chancillería informa que, con fecha 15 de junio de 2005, el mismo fue remitido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, debidamente modificado conforme a las observaciones practicadas por los peticionarios. La Secretaría de Derechos Humanos informa que dicho proyecto haya sido refrendado por el Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos y se encuentra a la firma del Sr. Ministro del Interior. Los peticionarios manifiestan que sería contraproducente que la firma del mismo coincidiera con el aniversario del atentado, por lo cual instan a que se adopten las medidas que sean necesarias para que éste sea rubricado por el Señor Presidente de la Nación con la debida anticipación al 18 de julio de 2005.
7. En relación al punto 7 del acta de fecha 30 de marzo de 2005, el Dr. Rúa informa que el proyecto de Decreto mediante el cual se le atribuye legitimación para constituirse en querellante en las causas vinculadas al caso AMIA se encuentra a consideración de la Secretaria Legal y Técnica. En ese sentido, los peticionarios reiteran la importancia de una urgente aprobación del mismo. La Chancillería se compromete a vehiculizar tal inquietud a las autoridades competentes.
8. Los peticionarios informan a la mesa que en el ámbito de la Oficina Anticorrupción se celebrará un encuentro, con fecha 23 de junio de 2005, a los fines de debatir el proyecto de ley vinculado con el uso de fondos reservados, debate al que han sido invitados expertos del CELS, entre otros, lo que constituye un importante avance en la elaboración y presentación de este proyecto de ley.
9. En relación al proyecto de ley de reparación para las víctimas del atentado y sus familiares, la Secretaría de DD.HH. informa que se encuentra a estudio del área de leyes reparatorias de dicha Secretaría.
10. Las partes convienen en celebrar una nueva reunión de trabajo, tentativamente, el 1 de agosto de 2005, a las 15:30.
11. Asimismo, las partes convienen en informar de lo actuado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Cancillería.
ACTA 4ta REUNION EN CANCILLERIA- 1 DE AGOSTO DE 2005
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a un día del mes de agosto de 2005, se encuentran reunidos las partes en la petición Nº 12.204 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) – los peticionarios, Sra. Diana Malamud, Sr. Jorge Lew y el Dr. Pablo Jacoby (Memoria Activa); la Dra. Julieta Di Corleto (CEJIL), la Dra. Andrea Pochak y la Dra. Leah Tandeter (CELS). Por el Estado nacional participan el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Méndez Carreras, el Sr. Director de Derechos Humanos de la Chancillería Consejero Federico Villegas Beltrán, por la Unidad Especial de investigaciones del atentado a la AMIA el Dr. Fernando Cavalleri, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la Dra. Andrea Gualde y la Dra. María Eugenia Carbone. Finalizadas las deliberaciones, las partes dejan constancia de lo siguiente:1. La Cancillería ha informado a la mesa de diálogo que se han cursado las comunicaciones a que se hace referencia en los puntos 1, 2, 3, 4 y 7 del acta de fecha 22 de junio de 2005 y entrega copia de las mismas.
2. La Cancillería hace entrega a la mesa de diálogo de copia de la respuesta remitida respecto del punto 5 del acta de fecha 3 de mayo de 2005.
3. Asimismo, la Cancillería hace entrega de copia de la sentencia recaída en autos “Castañeda, Carlos Antonio y otros s/Sustracción y destrucción de medios de prueba”.
4. En relación al punto 6 del acta de fecha 22 de junio de 2005, el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado el Decreto Nº 812/2005 con fecha 12 de julio de 2005, cuyo contenido ha sido publicado, en adición al Boletín Oficial, en los principales medios de prensa nacionales.
5. Los peticionarios solicitan se requiera al fiscal Dr. Nisman, un listado de las causas vinculadas al atentado a la sede de la AMIA en cuyo marco se hayan realizado planteos de prescripción que estuvieran en trámite, incluyendo información sumaria sobre la causa, delitos imputados y juzgado interviniente. La Cancillería se compromete a vehiculizar dicho pedido.
6. Los peticionarios solicitan se requiera información a la Oficina Anticorrupción acerca del estado del anteproyecto de ley vinculado con el uso de fondos reservados. La Cancillería se compromete a vehiculizar dicho pedido.
7. Los peticionarios reiteran su preocupación por la falta de un plan de contingencia y creación de una unidad especializada en catástrofes, solicitando se transmita la misma al Ministerio del Interior, sobre todo considerando que se trata de un compromiso no sólo efectivizado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que se encuentra incluido en el Decreto 812/2005.
8. Los peticionarios solicitan que el Estado informe el estado en que se encuentra el proyecto de ley sobre reparación a las víctimas del atentado. La Secretaría de Derechos Humanos se compromete a informar al respecto a la mesa de diálogo en la próxima reunión de trabajo.
9. Las partes convienen en celebrar una nueva reunión de trabajo, tentativamente, el 2 de septiembre de 2005, a las 15:30.
10. Asimismo, las partes convienen en informar de lo actuado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Cancillería.
ACTA 5ta REUNION EN CANCILLERIA- 16 DE SEPTIEMBRE DE 2005
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los 16 días del mes de setiembre de 2005, se encuentran reunidos las partes en la petición Nº 12.204 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) – los peticionarios, Sra. Diana Malamud, Sra. Adriana Reisfeld, Sr. Jorge Lew y el Dr. Pablo Jacoby (Memoria Activa); la Dra. Julieta Di Corleto y el Dr. Pedro Díaz (CEJIL), la Dra. Andrea Pochak y la Dra. Leah Tandeter (CELS). Por el Estado nacional participan el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Méndez Carreras, por la Unidad Especial de investigaciones del atentado a la AMIA el Dr. Alejandro Rúa, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la Dra. Andrea Gualde y la Dra. María Eugenia Carbone. Finalizadas las deliberaciones, las partes dejan constancia de lo siguiente:
1. La Cancillería ha informado a la mesa de diálogo que se han cursado las comunicaciones a que se hace referencia en los puntos 5, 6 y 7 del acta de fecha 1 de agosto de 2005 y entrega copia de las mismas.
2. Atento a que hasta la fecha no se ha recibido respuesta a tales comunicaciones, la Cancillería se compromete a reiterar la misma, advirtiendo la inminencia de las audiencias que se llevarán a cabo en el mes de octubre ante la CIDH.
3. La Cancillería hace entrega a la mesa de dialogo de copia del dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos remitida respecto del punto 4 del acta de fecha 22 de junio de 2005. La Cancillería informa que se ha remitido al Ministerio del Interior para que dictamine al respecto, comprometiéndose a que, una vez recibido, lo remitirá nuevamente a la Procuración del Tesoro de la Nación.
4. En relación con ello, los peticionarios indicaron que dicho dictamen hace referencia exclusiva a la causa Nº 487/00, manifestando su preocupación de que se haga extensivo a todas las causas relacionadas con el caso AMIA en las cuales los letrados han intervenido.
5. Respecto del punto 7 del acta de fecha 30 de marzo de 2005, el Dr. Alejandro Rúa informó a la mesa de trabajo que el Proyecto de decreto mediante el cual se le atribuye a la Unidad a su cargo legitimación para constituirse en querellante en las causas vinculadas al caso AMIA, se encuentra, desde el día 9 de setiembre, en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. En ese sentido, los peticionarios tomaron conocimiento de los cambios incorporados al proyecto, y manifiestan su preocupación de que estos cambios no impliquen una desnaturalización del compromiso asumido por el Estado para fortalecer la Unidad Especial. Asimismo, reiteran la importancia de que este decreto sea sancionado lo antes posible.
6. Los peticionarios manifiestan su preocupación por el tiempo transcurrido desde la recusación planteada contra el juez Bonadío sin que haya habido resolución, debido a las dificultades para constituir un Tribunal que resuelva el planteo y la incidencia que ello tiene en la paralización de la investigación y el consecuente estado de denegación de justicia. Tomando en cuenta el compromiso asumido por el Estado argentino de adoptar las medidlas tendientes a garantizar la investigación del atentado y del encubrimiento y las sanciones a los responsables, los peticionarios solicitan se requiera a la OA, con copia al Ministerio de Justicia; y al Procurador General de la Nación, con copia a la Unidad Fiscal de Investigaciones del caso AMIA, información acerca del curso dado al mecanismo que habilitaría la presentación directa a la CSJN, para que resuelva la cuestión en los términos del artículo 24, inc. 7º del decreto 1285/58 o toda otra normativa que resuelva la problemática en cuestión. La Cancillería se compromete a cursar las mismas.
7. Respecto del punto 7 del acta de fecha 1 de agosto de 2005, los peticionarios manifiestan su preocupación por la falta de información respecto de un plan de contingencia y la creación de una unidad especializada en catástrofes, solicitando se trasmita la misma al Ministerio del Interior, tomado en cuenta el compromiso público asumido por éste en ocasión de la reunión mantenida previa a la firma del decreto 812/05, el día 12 de julio de 2005.
8. En relación con la elaboración de un proyecto de ley de reparaciones a las víctimas del atentado, la Secretaría de Derechos Humanos informa a la Mesa que éste se está elaborando tomando como antecedentes las leyes reparadoras por las violaciones de derechos humanos de la última dictadura militar, contemplándose las particularidades del caso. Una vez que el proyecto esté elaborado se remitirá a las dependencias del Poder Ejecutivo con competencia, para en una segunda etapa ponerlo a consideración de los afectados.
9. Las partes convienen en celebrar una nueva reunión de trabajo, tentativamente, en el curso del mes de noviembre de 2005.
10. Asimismo, las partes convienen en informar de lo actuado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Cancillería.
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOSACTA
En la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, DC, a los 19 días del mes de octubre de 2005, en el marco de la audiencia relacionada con la petición 12.204 (caso “AMIA”) se han reunido: por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el relator para la República Argentina, Comisionado Florentín Meléndez y la Dra. Elizabeth Abi-Mershed; por los peticionarios, Diana Wasser y Adriana Reisfeld (por Memoria Activa), la Dra. Andrea Pochak (por el CELS), y la Dra. Julieta Di Corleto (por CEJIL); por el Estado Nacional, el Señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Méndez Carreras, el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Chancillería Dr. Jorge Cardozo, las representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Dras. Andrea Gualde, Ana Badillos y Claudia Cesaron, por Unidad Especial de Investigación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Dr. Alejandro Rúa.
Tomando en cuenta lo acontecido en el marco de la reunión de trabajo celebrada en el día de la fecha, se deja constancia de lo siguiente:
1. El Estado aporta a la mesa de diálogo los siguientes documentos, los cuales son producto de las gestiones encomendadas a la Chancillería en el marco de las reuniones de trabajo celebradas hasta la fecha:
a) Anteproyecto de reforma de la ley de inteligencia con las modificaciones introducidas a raíz de la reunión mantenida el 23/ 06/2005;
b) Copia de la resolución 1288 del Ministerio del Interior vinculada con el Sistema Federal de Emergencia, mediante el cual se asigna al Jefe de la PFA la coordinación operativa del citado sistema (SIFEM);
c) Copia del dictamen elaborado por la Oficina Anticorrupción respecto a cuestiones vinculadas con las diversas recusaciones presentadas contra el Juez Bonadio;
d) Listado de los diversos incidentes vinculados con la causa AMIA producido por la Unidad Fiscal a cargo del Dr. Nisman que fuera solicitada por los peticionarios.
2. Los peticionarios expresan su preocupación por la demora en el dictado del decreto que le confía la facultad de querellar al la Unidad Especial de Investigación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en todos los procesos relacionados con el encubrimiento del atentado. En tal sentido solicitan que, en el plazo máximo de un mes, se firme el decreto en cuestión.
3. Asimismo, los peticionarios expresan su preocupación por la demora en la implementación de una unidad para la prevención de catástrofes. En este sentido, solicitan se les dé traslado de los proyectos en estudio y se realicen las gestiones necesarias a fin de avanzar en su implementación a la mayor brevedad. El Estado informa sobre una resolución adoptada por el Ministerio del Interior instando la creación de un plan federal de contingencia, y deja copia de la misma para su consideración.
4. Asimismo, los peticionarios expresan su preocupación por la demora en la presentación de un proyecto de ley de inteligencia del Estado en punto al control de fondos reservados y acceso a información de inteligencia. En tal sentido, en primer lugar, solicitan se les dé traslado de dicho proyecto, y en segundo término, manifiestan su expectativa de que, realizadas las revisiones del caso, el mencionado proyecto alcance estado parlamentario en el próximo período de sesiones legislativas. El Estado informa que el anteproyecto de ley ha sido girado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la Auditoría General de la Nación para su consideración, y luego se transmitirá al resto de las dependencias involucradas.
5. Adicionalmente, los peticionarios manifiestan su preocupación por la demora en la recusación del magistrado Dr. Bonadio, quien interviene en el proceso en el cual se investiga el encubrimiento del atentado. Expresan que hasta tanto estos incidentes no se hayan resuelto, la causa se encuentra paralizada, con los riesgos de que opere la prescripción. En tal sentido, instan a que se realicen las medidas necesarias para destrabar el trámite judicial en cuestión a fin de que se defina el magistrado que deberá estar a cargo de dicha investigación.
6. En punto a la tramitación del pedido de juicio político del Dr. Galeano, las partes informan a la Comisión sobre la destitución resuelta en el mes de agosto por el Jurado de Enjuiciamiento.
7. Respecto de la tramitación del juicio político del Dr. Bonadio, los peticionarios expresan su preocupación porque, a pesar del tiempo transcurrido, el expediente aún tramita ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. En función de ello, solicitan que desde el Poder Ejecutivo se realicen las gestiones necesarias para que el caso del Dr. Bonadio sea remitido a la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura para su inmediato tratamiento.
8. Respecto de la tramitación de los sumarios disciplinarios a los funcionarios judiciales involucrados en las irregularidades de la investigación, los peticionarios instan al Estado a realizar las gestiones necesarias a fin de que se revierta la resolución de la Cámara Federal en lo Criminal de la Capital Federal que implicó su suspensión a resultas de la causa penal.
9. Por su parte el Estado actualiza la información sobre el avance de la elaboración de un anteproyecto legislativo tendiente a establecer una reparación para todas las víctimas del atentado.
10. En relación con las costas por la tramitación de las causas a nivel interno e internacional, el Estado informa sobre el dictamen jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los peticionarios solicitan se realicen las consultas pertinentes a fin de que el Estado se pronuncie sobre el tema lo antes posible.
11. El Estado asimismo informa de la agenda de trabajo desarrollada a lo largo de todas las reuniones realizadas desde el inicio de este proceso de solución amistosa, agregándose la documental correspondiente.
12. Se acordó fijar una nueva reunión de trabajo tentativamente el próximo miércoles 23 de noviembre a las 16:00 horas.
13. Asimismo, las parte se comprometen a mantener debidamente informada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Acta 6ta Reunión en Cancilleria
30 de Noviembre de 2005
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los 30 días del mes de noviembre de 2005, se encuentran reunidos las partes en la petición Nº 12.204 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) – los peticionarios, Sra. Diana Malamud, Sra. Adriana Reisfeld, Sr. Jorge Lew y el Dr. Pablo Jacoby (Memoria Activa); la Dra. Julieta Di Corleto (CEJIL), la Dra. Andrea Pochak y la Dra. Leah Tandeter (CELS). Por el Estado nacional participan el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Méndez Carreras, por la Unidad Especial de investigaciones del atentado a la AMIA el Dr. Alejandro Rúa, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la Dra. Andrea Gualde, la Dra. Ana Badillos y la Dra. María Eugenia Carbone. Finalizadas las deliberaciones, las partes dejan constancia de lo siguiente:
1. La Cancillería ha informado a la mesa de diálogo que se han cursado las comunicaciones a que se hace referencia en los puntos 2, 3, 4, 5, 7 y 8 del acta de fecha 19 de octubre de 2005 y entrega copia de las mismas.
2. La Cancillería hace entrega a la mesa de dialogo de copia de las respuestas remitidas por la fiscalía a cargo del Dr. Nisman (punto 5 del acta del 1 de agosto de 2005); por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (puntos 5 y 8 del acta de fecha 19 de octubre de 2005) y copia del expediente Nº 282/04 (Relativo al desempeño de funcionarios y empleados del Juzgado Federal Nº 9)..
3. Los peticionarios acusan recibo de la misma, y se comprometen a presentar las observaciones que estimen corresponder, con anterioridad a la próxima reunión de trabajo.
4. La Unidad especial de investigaciones da cuenta de los avances acontecidos en los procesos judiciales relativos al atentado a la AMIA como así también respecto del encubrimiento. Respecto del atentado, se ha hecho mención a las novedades de público conocimiento anunciadas por el fiscal Nisman. Respecto del encubrimiento, se destacó la integración del tribunal de alzada que continuará interviniendo en el caso y el reciente apartamiento del Juez Claudio Bonadío, como así también la última resolución del tribunal de alzada que admite la pretensión querellante de la Oficina Anticorrupción del Poder Ejecutivo para intervenir como acusadora en el trámite judicial.
5. Los peticionarios valoran tales avances informados por el Estado. Sin embargo, reiteran su preocupación por la falta de avances concretos en la investigación sobre el desempeño del Juez Bonadío, en trámite ante el Consejo de la Magistratura, toda vez que entienden que contradice la voluntad estatal manifestada a través de la agenda de trabajo aprobada por Decreto 812/2005, en cuyo marco se contempló la necesidad de adoptar “medidas tendientes a garantizar la investigación del atentado y del encubrimiento y las sanciones a los responsables”.
6. Asimismo, los peticionarios manifiestan su preocupación por la demora en la aprobación del decreto mediante el cual se le atribuye a la Unidad AMIA legitimación para constituirse en querellante en las causas vinculadas al caso AMIA. Los peticionarios reiteran su preocupación respecto de que posibles cambios sobre el contenido del proyecto original no impliquen una desnaturalización del compromiso asumido por el Estado en el Decreto 812/2005 para fortalecer dicha Unidad Especial, y solicitan se informe a la mesa de diálogo sobre el estado del mismo.
7. Respecto del proyecto de reforma de la ley de inteligencia, los peticionarios manifiestan su preocupación por la dilación en su tratamiento, e instan a que se adopten las medidas necesarias para su pronta aprobación. Asimismo, reiteran su expectativa de que dicho proyecto alcance estado parlamentario en el próximo período de sesiones del Congreso de la Nación.
8. Los peticionarios toman nota de la resolución 1288 del Ministerio del Interior entregada en el marco del 123º período de sesiones del CIDH. Sin embargo, consideran que la misma no contempla la implementación efectiva de una unidad para la prevención de catástrofes y solicitan se informe acerca de eventuales proyectos al respecto.
9. Los peticionarios solicitan que, en la próxima reunión de trabajo, se informe acerca de las actuaciones vinculadas con el eventual pago de las costas por la tramitación de las causas a nivel interno e internacional.
10. En vistas del próximo período de sesiones del CIDH, el Estado se compromete a elaborar un informe de avance del presente proceso. Copia del mismo se transmitirá a los peticionarios a efectos de que practiquen las observaciones que estimen corresponder. Dicho informe de avance, una vez aprobado por las autoridades competentes, será transmitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como así también a todas las dependencias del Estado Nacional vinculadas directa o indirectamente con el objeto del presente proceso.
11. Las partes convienen en celebrar una nueva reunión de trabajo, tentativamente, el 22 de diciembre de 2005, a las 11:00 horas.
12. Asimismo, las partes convienen en informar de lo actuado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Cancillería.
Acta 7ma Reunión en Cancilleria
22 de diciembre de 2005
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los 22 días del mes de diciembre de 2005, se encuentran reunidas las partes en la petición Nº 12.204 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) – los peticionarios, Sra. Adriana Reisfeld, Sr. Jorge Lew (Memoria Activa); la Dra. Julieta Di Corleto y el Dr. Pedro Díaz (CEJIL), la Dra. Andrea Pochak y la Dra. Leah Tandeter (CELS). Por el Estado nacional participan el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Méndez Carreras, por la Unidad Especial de investigaciones del atentado a la AMIA el Dr. Alejandro Rúa, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la Dra. Andrea Gualde y la Dra. María Eugenia Carbone. Finalizadas las deliberaciones, las partes dejan constancia de lo siguiente:
1. La Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha informado a la mesa de diálogo que se ha transmitido a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, la preocupación de los peticionarios respecto del proyecto de decreto mediante el cual se le atribuye a dicha Unidad legitimación para constituirse en querellante en las causas vinculadas al caso AMIA.
2. En ese sentido, la Unidad AMIA informa que la Secretaría Legal y Técnica ha comunicado que dicho proyecto ha sido remitido a la consideración del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
3. En relación a la preocupación de los peticionarios manifestada en el punto 8 del acta de fecha 30 de noviembre de 2005, la Cancillería informa que la Secretaría de Seguridad Interior recibirá en audiencia al señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional a efectos de evaluar dicha cuestión.
4. Asimismo, la Cancillería informa que, de acuerdo a lo convenido en el punto 10 del acta de fecha 30 de noviembre de 2005, se encuentra en elaboración el informe de avance del presente proceso, con vistas al próximo período ordinario de sesiones de la CIDH, el que una vez finalizado, será transmitido a los peticionarios a efectos de que practiquen las observaciones que consideren oportunas.
5. Los peticionarios manifiestan su preocupación habida cuenta de que, a su juicio, no se han producido avances concretos desde la reunión de trabajo celebrada el 30 de noviembre de 2005, como así también respecto de las dificultades verificadas en la materialización efectiva de los compromisos asumidos en el marco del presente proceso de solución amistosa desde la aprobación del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 812/2005.
6. Las partes convienen en celebrar una nueva reunión de trabajo, tentativamente, el 30 de enero de 2006, a las 11:00 horas.
7. Asimismo, las partes convienen en informar de lo actuado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Cancillería.
Acta 8va Reunión en Cancilleria
30 de enero de 2006
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los treinta días del mes de enero del 2006, se encuentran reunidas las partes en la petición Nº 12.204 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) – los peticionarios, la Sra. Adriana Reisfeld, Sr. Jorge Lew y el Dr. Pablo Jacoby (Memoria Activa); el Dr. Pedro Díaz (CEJIL), la Dra. Andrea Pochak (CELS). Por el Estado nacional participan el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Méndez Carreras, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el Secretario de Política Criminal Dr. Alejandro Walter Slokar, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación el Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos Dr. Rodolfo Mattarollo, por la Unidad Especial de investigaciones del atentado a la AMIA el Dr. Alejandro Rúa, por la Oficina Anticorrupción en representación del Fiscal de Control Administrativo el Dr. Nicolás Raigorodsky.
Finalizadas las deliberaciones, las partes dejan constancia de lo siguiente:1. La Cancillería destaca que tal como se expresara en el punto 3 del acta del 22 de diciembre de 2005, el Representante Especial de Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Méndez Careras fue recibido en reunión de trabajo el día 4 de enero por el señor Secretario de Seguridad Interior Lic. Luis Tiblieti, a efectos de evaluar conjuntamente los aspectos vinculados a la implementación efectiva de una unidad para la prevención de catástrofes. Como corolario de la misma el Lic. Luis Tiblieti con fecha 16 de enero de 2006, le hizo llegar a esta Cancillería para adjuntar a la mesa de diálogo copia del informe producido por la Policía Federal Argentina relativo a las acciones llevadas a cabo en dicho ámbito en relación a la implementación de “una unidad para la respuesta en caso de catástrofes” en 9 fojas, lo que responde a la preocupación expresada por la parte peticionaria en el punto 3 del acta del 22 de diciembre 2005. Este informe, según surge de su apartado 3, complementa la Resolución 1288 del Ministro del Interior D. Aníbal Fernández de fecha 3 de agosto de 2005, y otros aspectos vinculados con la temática en cuestión.
2. Los peticionarios acusan recibo de dicho documento manifestando que, en caso de considerarlo oportuno, harán llegar al Estado las observaciones y/o sugerencias que entiendan corresponder.
3. La Cancillería informa que el Representante Especial de Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Méndez Careras mantuvo otra reunión de trabajo al día 18 de enero a las 15:00 horas con el Fiscal a cargo de la Oficina Anticorrupción, Dr. Abel Fleitas Ortiz de Rosas, durante cuyo transcurso se abordaron cuestiones relativas a la marcha del anteproyecto de ley de inteligencia. En ese sentido, se le informó al Dr. Méndez Carreras que el mismo se encuentra a la firma del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Alberto Iribarne, con las modificaciones sugeridas por la Auditoría General de la Nación respecto a los mecanismos de control de gastos. El Dr. Abel Fleitas informó durante la reunión que mantuvo con el Representante Especial de Derechos Humanos de la Chancillería, que enviará un cronograma administrativo del proyecto de ley de inteligencia Nro. 25.520. Sobre este punto de la agenda, el Dr. Nicolás Raigorodsky, en representación del Fiscal de Control Administrativo de la Oficina Anticorrupción, expuso que desde el 24/11/2005 el anteproyecto de reforma de la ley de inteligencia, cuya copia se entrega a la mesa conforme lo solicitado en el punto 4 del acta de fecha 19/10/2005, se encuentra a consideración de la Unidad Ministro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
4. Los peticionarios acusan recibo de dicho anteproyecto. En ese sentido, recuerdan la importancia de que el mismo pudiera tener estado parlamentario con anterioridad al próximo período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
5. El Dr. Alejandro Rua titular de la Unidad Especial de Investigaciones del atentado a la Amia, también mantuvo dos reuniones de trabajo con el Representante Especial de Derechos Humanos de la Cancillería los días 22 y 23 de enero del corriente, a propósito del curso del proceso. Asimismo, en el curso de esta audiencia se pronunció sobre los avances en las investigaciones tanto del atentado mismo como del encubrimiento, y las incidencias recientes vinculadas al apartamiento del juez Bonadio y la aceptación de la Oficina Anticorrupción como parte querellante en representación del Poder Ejecutivo. Asimismo, dio cuenta de las investigaciones que lleva adelante con la intervención de la Oficina Anticorrupción. Asimismo, dio cuenta de aquellas pesquisas que, con la asistencia de la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal se han iniciado con destino a colectar mayores elementos sobre las negociaciones que intramuros se llevaran adelante desde 1995 entre el entonces detenido Telleldin y diversos funcionarios públicos con destino a obtener la versión de los hechos por la que finalmente se concretara en julio de 1996 el pago irregular que se investiga en aquel proceso judicial por el encubrimiento.
6. Tomando en cuenta el próximo alejamiento del Dr. Rua de la conducción de la Unidad AMIA, los peticionarios desean destacar y valorar positivamente la tarea llevada a cabo hasta la fecha por el dr. Rua, y manifiestan la importancia que se asegure la continuidad de dicha gestión en la persona de quien se designe.
7. Sobre el estado del trámite de proyecto de decreto que involucra a esa Unidad a fin de otorgarle la facultad querellante para impulsar las investigaciones sobre el encubrimiento, el Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional mantuvo dos reuniones el 10 de enero y el 25 de enero del corriente en el despacho del Secretario de Política Criminal Dr. Alejandro Walter Slokar en cuyo ámbito funciona dicha Unidad. Durante su transcurso, el Dr. Alejandro W Slokar le hizo entrega del proyecto de decreto que también responde a la preocupación de los peticionarios, el que se encuentra en Presidencia de la Nación desde el 23/01/2006 con el refrendo del Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Copia del citado proyecto se entrega a los participantes de la mesa de diálogo.
8. Sobre dicho proyecto, los peticionarios hacen notar que la facultad de querellar se asignaría a la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios. En ese sentido, manifiestan su expectativa de que esa modificación al proyecto original no implique un debilitamiento de la Unidad, sino que asegure la continuidad del trabajo realizado hasta la fecha.
9. Acerca del estado de trámite de la ley reparatoria, se pronunció el Subsecretario del Promoción y Protección de Derechos Humanos Dr. Rodolfo Mattarollo, quien expuso las alternativas y el estado del proyecto elaborado en el ámbito de esa dependencia, distribuyéndose a los participantes de la mesa de diálogo un ejemplar del mismo. En este sentido, expuso que la metodología que inspiró la redacción del proyecto de ley es la misma, en sustancia, que la que informa las leyes reparatorias por violaciones de los derechos humanos aprobadas en nuestro país a partir de 1991. En tal sentido, se contempla el beneficio a favor de los causahabientes de personas fallecidas como consecuencia del atentado, y de los que hubieran sufrido lesiones graves o gravísimas a consecuencia del mismo según la clasificación que de estas lesiones hace el Código Penal. Ante el requerimiento de los peticionarios de ampliar la consulta de este proyecto de ley reparatoria a todas las víctimas directas del atentado, sostuvo que no existe inconveniente en hacerlo y que se debería adoptar una forma de consulta tal que no demore excesivamente el trámite de presentación y aprobación parlamentaria del proyecto.
10. Al respecto, los peticionarios expresan su interés de que, sin perjuicio de las consultas que se sustancien, el proyecto de ley pudiera tener estado parlamentario durante el próximo período legislativo.
11. Sobre las cuestiones vinculadas a los honorarios regulados o a regularse judicialmente en la instancia doméstica, ha tomado intervención previa la Procuración del Tesoro de la Nación – órgano del Estado Nacional con competencia y experiencia específica en la materia – la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio del Interior. Copia del dictamen producido por éste último órgano se entrega a los participantes de la mesa de diálogo. Sin perjuicio de ello, se informa que aún debe expedirse nuevamente la Procuración del Tesoro de la Nación.
12. Respecto de este último dictamen, los peticionarios expresan su preocupación por su contenido, toda vez que entienden que éste no refleja el compromiso asumido por el Estado Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobado por el decreto 812/2005, cuando ofreció discutir las cuestiones vinculadas con las costas en proceso interno e internacional. Obviamente el ofrecimiento lleva ínsito la voluntad de pago, pues de otra manera nos se hubiera consignado el ofrecimiento, de manera que el tema de discusión sólo se refiere al momento en que se hará efectivo. Asimismo, el dictamen desconoce los hechos del caso AMIA, al referirse a una eventual responsabilidad civil, e ignorar la responsabilidad internacional del Estado. Al mismo tiempo, omite considerar que el Estado reconoció su responsabilidad por las irregularidades cometidas durante la investigación, algunas de ellas cometidas por miembros del Ministerio Público Fiscal, tal como fue plasmado en la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 3, que ordenó investigarlos penalmente y promover su destitución luego de haberlos separado de la causa a raíz de un planteo recusatorio. Es por esta razón que la querella de Memoria Activa debió asumir un rol que definitivamente no desempeñaron los representantes del Ministerio Público Fiscal. Sin perjuicio de lo expuesto, los peticionarios harán llegar su posición a la Procuración del Tesoro de la Nación, por intermedio de la Representación Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, a efectos de que sea tenida en cuenta al momento de la elaboración del dictamen definitivo.
13. Sin perjuicio de la reunión de trabajo que se celebrará ante la CIDH en el marco de su próximo período ordinario de sesiones, las partes convienen en celebrar su próxima reunión, tentativamente, durante la segunda quincena del mes de abril de 2006.
14. Asimismo, las partes convienen en informar de lo actuado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Cancillería.
REUNION DE TRABAJO EN LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE LA OEA EN WASHINGTON - 8 DE MARZO DE 2006
PRESENTACION DE MEMORIA ACTIVA
2da Reunión de trabajo – Washington DC – 8 de marzo de 2006
Los familiares de las víctimas nucleados en MEMORIA ACTIVA volvemos a sentarnos frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por segunda vez desde que el Estado Argentino, el 4 de marzo de 2005, reconociera su responsabilidad por la violación de los derechos humanos en el caso AMIA.
Un año después de esa fecha, queremos recordar las palabras del Sr. Presidente de la Nación Argentina, Dr. Néstor Kirchner, el día 3 de marzo de 2005, cuando dijo: “Sufrimos lo que sufren los familiares más la vergüenza de tener un Estado que durante tanto tiempo no supo resolver o no quiso o encubrió”.
Un año después, podemos afirmar con dolor y gran preocupación que esta vocación y compromiso del Presidente Kirchner no ha sido interpretada y efectivizada por las personas responsables de cada una de las áreas del Estado.
Queremos recordar que fue el Estado Argentino quien ofreció abrir un espacio de diálogo comprometiéndose a realizar acciones para avanzar en la búsqueda de verdad, justicia y reparación en la causa AMIA, así como a tomar medidas para que ningún argentino vuelva a sufrir lo que nos tocó padecer a nosotros.
El gobierno señaló, en esa oportunidad, la necesidad de que este atentado fuera objeto de una investigación plena, clara y transparente, y propuso 7 puntos que esta parte y la Comisión aceptamos.
Quisiéramos, un año después, analizar punto por punto lo actuado a fin de que se comprenda nuestro reconocimiento con lo realizado y nuestra exigencia por lo mucho que aún falta por hacer.
PUNTO 1: Amplia difusión del reconocimiento de responsabilidad formulado precedentemente y, teniendo en cuenta la gravedad institucional que rodea el presente caso, la formalización de tal manifestación de voluntad a través de un decreto del poder ejecutivo nacional.
El 12 de julio de 2005 el Presidente de la Nación firmó el Decreto 812, que fue ampliamente difundido.
PUNTO 2: Publicidad del informe Grossman
Este informe se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Justicia.
PUNTO 3: Medidas de apoyo a la investigación lo que incluye:
3.a) Profundizar el fortalecimiento de la Unidad Fiscal del Ministerio Público
3.b) Medidas tendientes a garantizar la investigación del atentado y el encubrimiento y las sanciones a los responsables.
El Estado Argentino ha proveído los recursos materiales y humanos a fin de que la Unidad Fiscal, a cargo del Dr. Nisman, pueda realizar la tarea de investigación que le delegó el juzgado instructor. Puso a disposición personal capacitado y también proveyó el sistema EXCALIBUR para el entrecruzamiento de llamados telefónicos.
Sin embargo, esta asignación de recursos no se ha traducido en avances significativos.
Se realizaron tareas de identificación del supuesto conductor de la camioneta trafic que voló la AMIA. Pero cabe preguntarse cuáles fueron los resultados de los estudios de ADN que la fiscalía anunció que realizaría para corroborar su identidad? Cuál es el resultado de los entrecruzamientos telefónicos surgidos de esta pista? Cuál es el avance en la identificación de la carrocería del coche bomba, y dónde se encontraban las casas seguras usadas por los terroristas en los días previos a la explosión?.
Que nuevas pistas de investigación se generaron y que resultados se obtuvieron?
Desde el año 2003 existían pedidos de capturas internacionales de sospechosos de haber participado en la masacre de AMIA pedidos por el ex Juez Galeano. Después de su destitución INTERPOL bajó las alertas. Que nueva prueba se generó para que después de 12 años se pueda, finalmente, solicitar con seriedad los pedidos de captura?
3.c) Fortalecimiento de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Lamentamos informar que hace una semana el Ministro de Justicia, Dr. Alberto Iribarne, le inició una querella criminal al Dr. Alejandro Rúa, ex titular de la Unidad AMIA, por haberle dicho a un periodista que él consideraba que había disminuido el impulso en la investigación a partir de la gestión del Dr. Iribarne.
El Dr. Rúa motorizó, en representación del Estado, el histórico reconocimiento de responsabilidad realizado hace un año y durante su gestión encabezó con firmeza la actividad del Estado hacia el esclarecimiento de la masacre y el castigo a los encubridores. MEMORIA ACTIVA considera que la criminalización de un funcionario del Estado por criticar políticas oficiales sobre el desarrollo del caso AMIA, envía una señal equivocada hacia la comunidad internacional en relación con el compromiso del Estado y sobre todo hacia los actuales funcionarios que deben cumplir con el Decreto del Presidente Kirchner.
Un año después, nos encontramos con una Unidad encabezada interinamente por el Dr. Alejandro Slokar, Secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, presente aquí en esta reunión.
El Estado Argentino decidió recién la semana pasada otorgar al Dr. Slokar, la facultad de querellante en la causa que investiga el encubrimiento, como un intento de jerarquizar el poder de la querella, a través del Decreto 229/06.
Reclamamos que en lo sucesivo la actividad del Estado para cumplir con los compromisos asumidos a través del decreto 812/2005 no tenga impulsos espasmódicos, sino que ratifique clara y eficazmente la voluntad expresada por el Presidente.
Queremos que del Dr. Slokar informe cuál es la estrategia que implementará la UNIDAD AMIA a partir de ahora. De qué manera se cumplirá con lo ordenado en la sentencia del Tribunal Oral, para enjuiciar a todos aquellos, (cito textual) “funcionarios y ex funcionarios del estado que tejieron los hilos de la impunidad para quedar libres de culpa y cargo y para que nunca lleguemos a la verdad”?
3.d) Profundización del proceso de relevamiento de archivos del Caso AMIA en poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado y fuerzas de seguridad.
La Unidad AMIA efectuó el relevamiento de los archivos que entregó la Secretaria de Inteligencia, pero consideramos que no se han agotado las acciones tendientes a ubicar mas archivos, por ejemplo aquellos que refieren al sector SALA PATRIA de la Secretaria de Inteligencia y que aún no han aparecido.3.e) Extensión de las unidades de relevamiento a la Dirección de Migraciones e informatización de los registros migratorios.
Solicitamos que el Estado informe en esta reunión los avances en este punto, porque hasta el presente no hemos sido informados.
PUNTO 4: Creación de una unidad especializada en catástrofes, tanto para la atención de las emergencias médicas, como para la recolección y protección de pruebas en casos criminales, lo que incluye la elaboración de un plan de contingencia para casos de atentados.
A 14 años de la masacre en la Embajada de Israel, a casi 12 años de la masacre en AMIA y a un año del incendio de la Discoteca Cromagnon que provocó, por un lado la muerte de casi 200 personas y por otro la destitución del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; en la reunión previa a este viaje el Estado Argentino presentó un informe sobre las acciones llevadas a cabo en relación a la implementación de una unidad para la respuesta en caso de catástrofes.
De lo poco que pudimos entender de ese informe, el mismo aparenta ser sólo un material de trabajo, que además relata experiencias previas. Sorprende que en el mismo, pongan como ejemplo de su experiencia y conocimiento las tareas realizadas por los organismos oficiales en los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA.Todos sabemos de la desidia y el mal desempeño que, en el mejor de los casos, hubo ante estas masacres, en las que no sólo no se salvaron vidas sino que además se perdieron todo tipo de pruebas. Esto fue reconocido por el propio Estado y fue uno de los puntos que dio inicio al proceso de solución amistosa.
En este punto queremos expresar que aún hoy nos encontramos en un estado de indefensión frente a una situación catastrófica de cualquier índole.
No somos expertos en este tema, pero creemos que el material es confuso y no surge de él ni el plan de contingencia ni su instrumentación. Por eso esperamos que en esta reunión el Estado informe con claridad que hará efectivamente al respecto.
Como es posible que un año después del compromiso asumido no se haya constituido una unidad eficaz especializada en catástrofes y recolección de pruebas?.
Porqué todo debe costarnos tanto esfuerzo a los familiares, si sólo se trata que el Estado cumpla con los compromisos que asumió.
Cuántas vidas más deben perderse para que el Estado finalmente elabore un plan de contingencia?
PUNTO 5: Medidas relacionadas con reformas normativas con el objeto de:
a) Transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de inteligencia.
b) Facilitar el acceso a la información de inteligencia por parte de los jueces en investigaciones vinculadas con hechos de terrorismo.
El 3 de mayo de 2005 el titular de la Oficina Anticorrupción Dr. Fleitas Ortiz de Rosas se comprometió a que antes de esta reunión el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso un proyecto de Ley respecto de los puntos a y b.
En la reunión del 30 de enero de 2006 se nos informó que dicho anteproyecto se encontraba a la firma del Ministro de Justicia, el Dr. Iribarne. Sin embargo recién la semana pasada, el Ministro ordenó recabar la opinión de agencias de inteligencia para poder luego enviarlo al Poder Ejecutivo.
También en este punto se ha perdido un año.
Solicitamos a esta Comisión que requiera del Estado informe los pasos concretos que dará a fin de proponer el debate parlamentario de la ley y cumplir su compromiso ante la OEA.
PUNTO 6: Promover la sanción de una ley de reparación para todas las víctimas del atentado.
Un año después, en la reunión celebrada entre las partes el 30 de enero de 2006, el Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos, presentó un anteproyecto de ley reparatoria que esta a consideración de la Presidencia.
Tal como quedara expresa constancia, MEMORIA ACTIVA no aceptó discutir este punto en la mesa de solución amistosa, ya que considera que esta propuesta del estado debe discutirse con todas las víctimas y familiares de víctimas, no con MEMORIA ACTIVA.
PUNTO 7: Sería también tema de discusión las cuestiones vinculadas con las costas en el proceso interno e internacional”
Las costas del proceso interno abarcan las regulaciones judiciales en las distintas causas tramitadas en el ámbito de los tribunales nacionales argentinos y las que corresponden por la actuación ante la CIDH, como así también los gastos incurridos por los peticionarios.
Acabamos de conocer por la prensa que el Procurador General del Tesoro ha suscripto un dictamen favorable para el pago de los honorarios devengados a favor de los letrados de los peticionarios en las causas internas y en la tramitada ante esta Comisión. Desearíamos contar con el texto del dictamen y asimismo pedimos se nos informe cuándo, cómo y dónde serán abonadas, ya que a un año de asumido este compromiso todavía no lo han hecho, ni se ha establecido el monto, ni tampoco la forma de pago.
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Esto fue lo que ocurrió hasta el día de hoy, 8 de marzo, y es un ejemplo de las acciones y contradicciones del Estado.
Sabemos de la voluntad del Presidente Kirchner. Sabemos de la vergüenza que siente como argentino por la impunidad en la causa AMIA.
El Presidente dijo “en este país no tiene que haber ningún intocable” y en la causa AMIA no sólo hay demasiados intocables sino que no hay ningún condenado.
Esperamos que el equipo del Presidente comprenda que no se puede seguir demorando las acciones que emanan de los compromisos que asumió el Estado frente a los familiares, frente a esta Comisión y frente al pueblo argentino.
Reclamamos que se respete la voluntad del Presidente plasmada en el Decreto 812/05.
Sres. Miembros de la CIDH: su compromiso con los derechos humanos, con la verdad y la justicia permitió un hecho histórico: el reconocimiento por parte del Estado Argentino de su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos sufridas por las víctimas del atentado y sus familiares.
Este hecho es significativo para la historia de nuestro país y es sin duda un referente emblemático para todo el continente.
La propuesta del Estado Argentino de constituir una mesa de diálogo para una solución amistosa, aceptada por todos nosotros el 4 de marzo de 2005 y que dio inicio a este proceso, es un punto de partida y no un punto de llegada.
Entendemos la complejidad que tiene para el estado instrumentar estos compromisos. Por eso le solicitamos a la Comisión que tenga un compromiso más activo con este proceso y que lo monitoree de cerca, para permitir avanzar y concretar los compromisos asumidos por el Estado Argentino.
Sería lamentable para todos que en la próxima reunión aquí en Washington volviéramos a encontrarnos con la misma impunidad.
Porque seguimos sin saber quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del asesinato de nuestros familiares.
Porque aún no hay ningún condenado por las maniobras de encubrimiento llevadas a cabo por funcionarios del Estado que impidieron llegar a la verdad y que se haga justicia.
Los familiares de las víctimas asesinadas hace casi 12 años en la AMIA solicitamos a la Comisión un mensaje claro para que el Estado Argentino cumpla con sus obligaciones, porque tal como expresó en su informe el observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en la causa AMIA, el Dr. Claudio Grossman: “hacer justicia no es una opción sino un deber”.
PRESENTACION DEL DR. PABLO JACOBY - ABOGADO DE MEMORIA ACTIVA
El decreto presidencial a través del cual el Estado Argentino reconoció su responsabilidad, fue un paso muy importante para llegar a la solución de este caso. Sin embargo, es importante destacar que los peticionarios lo concebimos como un punto de partida, más que como un punto de llegada.
Los avances presentados por el Estado en esta reunión son útiles, pero de acuerdo a lo conocido hasta esta tarde, son insuficientes y de una incomprensible lentitud.Las medidas presentadas por el Estado deben ser entendidas sólo como herramientas y la Comisión debe comprender que para evaluar el cumplimiento de cada uno de los puntos comprometidos por el Estado deben exhibirse resultados concretos y no sólo herramientas destinadas a conseguirlos.
En mi rol de abogado, siempre me impuse imprimir una mirada objetiva y más desapasionada que la que naturalmente mis mandantes, las víctimas, manifiestan.
Por ello en las reuniones desarrolladas en el marco de la mesa del proceso de solución amistosa, he asumido un rol componedor que permita avanzar conjuntamente con los representantes del Estado a los fines de arribar al cumplimiento de los distintos puntos de la agenda.
Sin embargo, no puedo sustraerme de transmitir la ansiedad y la preocupación que los familiares sienten con respecto a la demora y a la falta de resultados concretos incurridas por el Estado.
Ellos quieren saber quién, cómo y cuándo?
Esto es, quién desde el Estado se va a ocupar eficazmente de cumplir con los compromisos, de qué manera lo hará, y cuándo podrán verse los resultados definitivos. Porque es bueno que nadie se olvide, ellos esperan desde el 18 de julio de 1994, no desde el 4 de marzo de 2005.En este sentido, considero que así como la Comisión fue un actor protagónico para arribar a aquel punto de partida, me refiero al reconocimiento de responsabilidad, ahora puede jugar un rol clave para arribar al punto de llegada.
Por ello, proponemos que con su intervención se establezca un plazo razonable que consensuemos hoy entre las partes, aquí y ahora, para que la Unidad AMIA realice una presentación en la causa por el encubrimiento del atentado, impulsando la investigación y redefiniendo el universo de imputados, redefiniendo el contenido de la imputación que deberá intimarse en cada declaración indagatoria.
También deberíamos consensuar un plazo razonable para que los decretos se firmen y los proyectos de leyes alcancen estado parlamentario.
Me refiero a la cuestión relativa a la creación de una unidad especializada en catástrofes y en recolección y protección de pruebas y a la elaboración de un plan de contingencia para casos de atentados.
Me refiero al proyecto de ley para transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaria de Inteligencia y para facilitar el acceso a la información de inteligencia por parte de los jueces en investigaciones de hechos de terrorismo.
Me refiero a la cuestión vinculada con el pago de las costas en el proceso interno e internacional.Ha quedado claro por lo menos para mí, que ante la proximidad de esta reunión la intervención del Ministro de Justicia Dr. Iribarne y del Dr. Slokar facilitó que el Estado pueda avanzar a paso veloz.
Comprendo como abogado litigante que las causas judiciales pueden tener plazos más largos para arribar a los resultados reclamados, pero no se justifica la demora en cuestiones atinentes a temas de decisión política.
Y tengo claro que las medidas y decisiones políticas apuntalan el desarrollo de las causas judiciales. La historia de nuestro país nos enseña que el Poder Judicial –por más independiente que fuera- se alinea con el mensaje político, sobre todo cuando éste es claramente expresado.No quiero perder de vista que salvo reelección, el año próximo puede haber un cambio de administración en el Poder Ejecutivo y es nuestro deseo que este caso ante la CIDH se complete durante la gestión del Presidente Kirchner.
Para hacer un seguimiento del cumplimiento de este proceso de solución amistosa, consideramos imprescindible la continuación de las reuniones mensuales que se vienen realizando.
Estas reuniones deberán celebrarse con la participación de todas las dependencias involucradas, y solicitamos para lograr una gestión pronta y eficaz el mayor de nivel de representación de cada una de ellas.
De lo contrario nos empantanaremos en el flujo burocrático de las segundas y terceras líneas de cada agencia del Estado que deba dar una respuesta. Esa fue la impronta del año pasado y hay que evitar repetirla.Recuerdo como muy positivo el mensaje que dio a conocer la COMISION en el período anterior a través de su comunicado de prensa.
Fue muy positivo para los peticionarios y también para el Estado.
Fui testigo del vigor, la energía y el entusiasmo con que los representantes del Estado, me refiero a los funcionarios de la Cancillería, del Ministerio de Justicia, de la Secretaria de Derechos Humanos, concurrieron a las primeras reuniones mensuales de la mesa de solución amistosa.Por todo lo dicho, debo resaltar que en este momento la ayuda de la COMISION es necesaria, más aún, indispensable para que el proceso en marcha no fracase.
Nosotros no queremos que fracase y descarto que el Estado tampoco, por ello la COMISION tiene que ayudar más activamente y en esta línea de propuesta, además de las ideas que el Señor Comisionado sugiera, creemos oportuno pedir que se nos convoque a una audiencia durante el próximo período de sesiones con el pleno de la COMISION, para que el Estado exhiba los avances que se realicen hasta octubre y para que los peticionarios tengan entonces los elementos necesarios para evaluar los pasos a seguir en este proceso.ACTA
En la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en el marco de su 123 período ordinario de sesiones, se celebra la reunión de trabajo relativa al proceso de solución amistosa seguido en la petición 12.204 (Asociación Mutual Israelita Argentina - AMIA). Se encuentran presentes por los peticionarios la señora Diana Wassner y el Dr. Pablo Miguel Jacoby (Memoria Activa), el Dr. Gastón Chillier y la Dra. Leah Tandeter por el CELS y la Dra. Liliana Tojo por CEJIL. Por el Estado Nacional se encuentran presentes el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional Embajador Horacio Méndez Carreras, el señor Secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Dr. Alejandro Slokar, y la señora Directora Nacional del Asuntos Internacionales en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dra. Andrea Gualde. Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentran presentes el Comisionado Florentín Meléndez, el señor Secretario Ejecutivo Dr. Santiago Canton, y la Dra. Elizabeth Abi-Mershed.
Finalizadas las deliberaciones, se deja constancia de lo siguiente:
1. Los peticionarios expusieron su punto de vista respecto de la marcha del proceso de solución amistosa en curso y sobre el estado de cumplimiento de la agenda de trabajo aprobada por el Decreto 812/2005. En ese sentido, entregaron dos documentos elaborados por MEMORIA ACTIVA y por su representante legal, Dr. Pablo Miguel Jacoby respectivamente, que se adjuntan a la presente.
2. Asimismo, el Estado expuso su visión acerca de dicho estado de cumplimiento de la agenda convenida. En ese sentido, aportó a la mesa de diálogo un documento no definitivo que da cuenta de los avances registrados al respecto. Se entregó asimismo un Resumen Ejecutivo de dicho documento.
3. Complementariamente, la Representación Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional acompañó copia de los siguientes documentos:
a) Decreto 229/06 mediante el cual se atribuye la facultad de constituirse como parte querellante a la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios y su correspondiente resolución reglamentaria.
b) Informe de avance producido por la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Causa AMIA.
c) Dictamen del procurador del Tesoro de la Nación de fecha 1 de marzo de 2006 vinculado con el punto 7 de la agenda de trabajo aprobada por Decreto 812/05.
d) Anteproyecto de ley reparatoria elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
e) Copia de la presentación efectuada por la Oficina Anticorrupción en el marco de la causa 9789/00.
4. Asimismo, las partes convienen en continuar trabajando en el marco del presente proceso de solución amistosa en base al siguiente programa y a:
a) Convocar al Dr. Alberto Nisman a que concurra a la próxima reunión de trabajo de la mesa de diálogo a efectos de ampliar el informe de avance presentado en esta ocasión y de responder las preguntas realizadas por los peticionarios en el marco de la audiencia.
b) La Secretaría de Política Criminal se compromete a aportar a la mesa de diálogo a realizarse el 19 de marzo de 2006 una copia de las presentaciones judiciales a ser interpuestas en carácter de querellante conforme lo autorizado en el Decreto 229/06 y la planificación estratégica de las imputaciones a ser implementada en el marco de las causas vinculadas al encubrimiento.
c) Tomando en cuenta el reclamo de los peticionarios respecto de que aún restan encontrar en los archivos de la SIDE archivos referidos a “Sala Patria”, se solicitará al fiscal Nisman un informe específico al respecto.
d) En relación a la digitalización de las fichas migratorias en curso, la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia se compromete a informar a la mesa de diálogo en la próxima reunión de trabajo acerca del plazo estimativo para finalizar la tarea.
e) Los peticionarios solicitan que, en el marco de la próxima reunión de trabajo, el Secretario de Seguridad Interior o el funcionario que éste designe, exponga el estado de situación respecto de la propuesta de creación de una unidad especializada en catástrofes como así también respecto de la elaboración de un plan de contingencia para casos de atentados. En ese sentido, los peticionarios manifiestan la importancia de que dichas iniciativas tengan un cronograma tentativo de ejecución.
f) La Representación especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional se compromete a solicitar a las distintas carteras de gobierno en que se encuentra bajo evaluación el anteproyecto de ley de inteligencia, información acerca de los plazos estimados para la adopción de un pronunciamiento al respecto, e informar a la mesa de diálogo.
g) En relación al punto 7 del acta suscripta el 4 marzo de 2005, el CELS y el CEJIL se comprometen a elaborar una propuesta vinculada a las costas y honorarios devengados en sede internacional conforme fuera convenido oportunamente. Luego de lo cual, la Representación Especial solicitará a la mayor brevedad posible a la Procuración del Tesoro de la Nación un asesoramiento sobre el procedimiento adecuado para instrumentar las consideraciones vertidas en el Dictamen del 1 de marzo de 2006. Asimismo los peticionarios dejan expresa constancia en relación a que la conclusión del dictamen 049/06 debe entenderse en el sentido de que las costas deben referirse no sólo a la causa judicial 487/00 sino también a las demás causas judiciales internas vinculadas al caso AMIA, por ejemplo la referida a la investigación del encubrimiento y demás causas conexas en relación exclusiva a los abogados de Memoria Activa.
h) Las partes convienen en maximizar la difusión del Informe Grossman, editando una versión en papel que incluya el Decreto 812/05.
i) En relación con el anteproyecto de Ley Reparatoria el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, se contactará a los beneficiarios previstos en el anteproyecto, en base a listado obrante en la causa judicial ante el Tribunal Federal 3, a los efectos que puedan formular observaciones al anteproyecto de ley.
5. Los peticionarios reconocen ciertos avances realizado por el Estado, aunque manifiestan que ellos no han sido significativos respecto de los compromisos asumidos por el Decreto 812/05.
6. Los peticionarios solicitaron a la Comisión una participación más activa en el trámite de este proceso de solución amistosa, y en tal sentido pidieron al Comisionado Meléndez una audiencia con el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el próximo período de sesiones de octubre de 2006. El Comisionado Meléndez expresó que promoverá su realización a los fines de que el estado pueda informar de los avances que se concretara esa fecha. También expresó su disponibilidad y compromiso a participar en una reunión de trabajo en Buenos Aires.
7. Las partes convienen que realizarán las reuniones de la mesa de diálogo mensualmente y fijan la próxima para el día 19 de abril a las 9 hs. En la sede de la Cancillería.
8. Finalmente, el señor Comisionado Florentín Meléndez valoró el compromiso asumido por el Estado argentino y los esfuerzos realizados por las partes y los avances producidos hasta la fecha. Sin embargo, expresó la ausencia de avances en puntos sustantivos comprometidos por el Estado en el acta de marzo de 2005. Por último, estimuló a las partes a incrementar sus esfuerzos tendientes a cumplimentar a la mayor brevedad posible los objetivos comprometidos en la agenda de trabajo convenida en la audiencia del 4 de marzo de 2005 y a establecer entre las partes un cronograma de trabajo tal como está plasmado en los párrafos precedentes.
- ACTA NOVENA REUNION EN CANCILLERIA CON EL ESTADO ARGENTINO:
19 DE ABRIL DE 2006
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los 19 días del mes de abril se encuentran reunidas las partes en la petición N° 12.204 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) – los peticionarios, Sra. Adriana Reisfeld, Diana Malamud, Sr. Jorge Lew y Dr. Pablo Miguel Jacoby (Memoria Activa); la Dra. Liliana Tojo (CEJIL), la Dra. Andrea Pochak y el Dr. Gastón Chillier (CELS). Por el Estado nacional participan el señor Ministro del Interior, Dr. Aníbal Fernández; el señor Secretario de Relaciones Exteriores, Embajador Roberto García Moritán; el señor Secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Alejandro Slokar; la señora. Directora Nacional de Asuntos Internacionales en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Dra. Andrea Gualde; el señor Director de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción, Dr. Nicolás Raigorodsky; los señores Fiscales a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones del caso AMIA, Dr. Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos; el señor asesor de Gabinete del Canciller, Dr. Jorge Cardozo, el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Dr. Horacio Méndez Carreras. Participan también funcionarios técnicos de la Cancillería, de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Política Criminal, del Ministerio del Interior y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Finalizadas las deliberaciones, las partes dejan constancia de lo siguiente:
1. En relación al punto 4.e del acta suscripta en Washington, DC en el marco del 124° período ordinario de sesiones de la CIDH, se proyectó un audiovisual en cuyo marco el Sr. Ministro del Interior explicó el proyecto de Esquema de Intervención ante Incidentes Mayores del Sistema Federal de Emergencias (SIFEM), respondiendo todas las preguntas e inquietudes manifestadas por los peticionarios al respecto. Asimismo, el Ministro informó que quedaba pendiente el llamado a las licitaciones correspondientes y luego la firma de un convenio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias para su implementación a nivel nacional. Por último, el Sr. Ministro ofreció a los peticionarios poner a su disposición los protocolos que conforman el proyecto, a efectos de que sean sometidos a la evaluación y eventuales observaciones.
2.Los peticionarios manifestaron su satisfacción por la presencia de altos funcionarios estatales, reconociendo la voluntad del Estado en avanzar en el cumplimiento de la agenda de trabajo aprobada por el Decreto 812/2005, y el compromiso político del Estado. Sin embargo, expresaron que lamentan que durante el primer año no se haya tomado esta mesa de diálogo con la importancia que a su juicio amerita. Asimismo, instaron al Gobierno Nacional a mantener dicho elevado nivel de representación.
3.Por su parte, el Dr. Alberto Nisman informó a la mesa de diálogo sobre el funcionamiento de la Unidad Fiscal a su cargo como así también respecto de la marcha de la investigación del atentado, respondiendo a las preguntas de los peticionarios conforme lo acordado en el punto 4.a. del acta suscripta el 8 de marzo de 2006. En ese sentido, señaló que a partir del cese de las difusiones rojas dispuesto por INTERPOL en el mes de septiembre de 2005, la Unidad Fiscal a su cargo ha encarado un intenso relevamiento de los pedidos de captura de ciudadanos iraníes, a fin de determinar la pertinencia y, si fuera necesario, efectuar un nuevo pedido que, por sus fundamentos y su forma, sea totalmente independiente de la solicitud anterior.
4.Asimismo, en relación al punto 4.c del acta de fecha 8 de marzo de 1006 respecto de los archivos de la SIDE, el Dr. Nisman informó que a su juicio no existe documental originada en la llamada “Sala Patria” de relevancia para la causa que no hubiera sido considerada.
5. En relación al punto 4.b de la citada acta, el Dr. Slokar informó a la mesa de diálogo que, conforme la facultad querellante reconocida a la Secretaría de Política Criminal, se realizaron tres presentaciones judiciales entregándose copia a los participantes.
6. En relación al punto 4.c de la citada acta, el Dr. Slokar expuso sobre los detalles de la planificación estratégica de las imputaciones que iba a ser implementada en el marco de la causa en la que se investigan las irregularidades y el encubrimiento.
7. En relación al punto 4.d del acta de fecha 8/3/06, la Secretaría de Política Criminal informó que la Dirección Nacional de Migraciones ordenó las fichas correspondientes a 37 meses, de los puntos de ingresos y egresos Ezeiza, Aeroparque, Tigre y Puerto de Buenos Aires, quedando pendiente las correspondientes a los meses de enero a abril de 1992 y abril a diciembre de 1995. En ese sentido, informó que, según información brindada por el área involucrada, se estima que la tarea estará finalizada en el plazo de un año y medio aproximadamente.
8.Asimismo, y en relación con la tarea de digitalización a cargo de la SIDE, el Dr. Slokar informó que la misma lleva digitalizadas las fichas correspondientes a 23 meses, comprometiéndose a sumar agentes para la labor coordinada con la Dirección Nacional de Migraciones y transmitiendo a la SIDE la necesidad de que se finalicen los trabajos de digitalización a su cargo.
9.Por su parte, los peticionarios solicitaron información acerca de una auditoría que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispuso sobre la Unidad Amia, ante lo cual, el Dr. Slokar se comprometió a informar a la mesa de diálogo una vez que estuvieran los resultados de la misma.
10.En relación al punto 4.f del acta de fecha 8/03/06, el representante de la Oficina Anticorrupción informó a la mesa de diálogo que el anteproyecto de ley de inteligencia había sido remitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en consulta al Ministerio de Economía, a la SIDE y al Ministerio de Defensa.
11.Tomando en cuenta que el Ministerio de Economía y la SIDE no han respondido la requisitoria, la OA se comprometió a gestionar la reiteración de tales pedidos. Asimismo, la Representación Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, en su carácter de coordinador del proceso de solución amistosa, se compromete a solicitar a las autoridades competentes de dichas agencias estatales información al respecto.
12.Por su parte, los peticionarios solicitaron se establezca el plazo de un mes para la remisión de las observaciones solicitadas a los organismos mencionados en el punto 10 de la presente acta, y que, en caso de no recibir respuestas dentro de dicho plazo, el anteproyecto sea remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso.
13.En relación al punto 4.g del acta de fecha 8/03/06, los peticionarios se comprometieron a formalizar la propuesta vinculada a las costas y honorarios devengados en sede internacional conforme fuera pautado en actas anteriores. En cuanto a las costas devengadas en el ámbito interno en aquellas causas en cuyo marco aún no se hubieran regulado honorarios, los peticionarios se comprometen a elevar un escrito ante la Cancillería a efectos de especificar una propuesta al respecto. Una vez recibido, la Representación Especial para Derechos Humanos se compromete a vehiculizar la proposición de los peticionarios a efectos de ser evaluada por las autoridades competentes.
14.En relación al punto 4.1 del acta de fecha 8/03/06, la Secretaría de Derechos Humanos informó que se está estudiando un mecanismo de consulta sobre el anteproyecto de ley reparatoria y su difusión a través de los principales medios de comunicación estableciéndose un plazo para la formulación de observaciones. Por su parte, los peticionarios reiteran la importancia de garantizar la participación de todos los afectados en la discusión sobre este anteproyecto, así como la pretensión de que éste sea presentado al Congreso en un plazo no mayor a los 2 meses.
15.Las partes convienen en celebrar una nueva reunión de trabajo, tentativamente, el 31 de mayo de 2006, a las 12:00 horas.
16.Asimismo, las partes convienen en informar de lo actuado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Cancillería.Observaciones: Las manifestaciones de la parte peticionaria que eventualmente estén contenidas en este documento no implican la conformidad o aquiescencia del Estado argentino.
- ACTA DECIMA REUNION EN CANCILLERIA CON EL ESTADO ARGENTINO:En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los 31 días del mes de mayo de 2006, se encuentran reunidas las partes en la petición N° 12.204 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) – los peticionarios, Sra. Diana Malamud, Sra. Adriana Reisfeld, Sr. Jorge Lew y el Dr. Pablo Jacoby (Memoria Activa); la Dra. Liliana Tojo (CEJIL), la Dra. Andrea Pochak y la Dra. Leah Tandeter (CELS). Por el Estado nacional participan el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Alberto Iribarne; el señor Secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Dr. Alejandro Slokar, la Dra. María Lousteau de la citada Secretaría; el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Méndez Carreras y por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la señora Directora Nacional de Asuntos Internacionales, Dra. Andrea Gualde y la Dra. María Eugenia Carbone. Finalizadas las deliberaciones, las partes dejan constancia de lo siguiente:
1. En relación al punto 1 del acta de fecha 19 de abril de 2006, la Cancillería ha informado a la mesa de diálogo que ha solicitado al Ministerio del Interior la remisión de los protocolos correspondientes al proyecto de Esquema de Intervención ante Incidentes Mayores del SIFEM. Asimismo, informó que el Ministerio del Interior remitirá en breve manuales operativos correspondientes a los protocolos y un video, los que serán puestos a disposición de los peticionarios.
2. En relación a la marcha del anteproyecto de modificación de la ley de inteligencia, la Cancillería informó que la Oficina Anticorrupción se comprometió a enviar a la brevedad posible un informe sobre el estado de situación del mismo. Asimismo, la Cancillería informó que, en cumplimiento del punto 11 del acta de fecha 19 de abril de 2006, se remitieron solicitudes de información al Ministerio de Economía y a la SIDE, haciéndose entrega de copia de las mismas.
3. Asimismo, el señor Ministro de Justicia ratificó la voluntad del Estado en hacer sus mejores esfuerzos para avanzar decididamente en la modificación de la ley de inteligencia.
4. En relación a ello, los peticionarios manifiestan que resulta muy importante que los jueces puedan tener un acceso directo a la información de la SIDE, ello como regla, y sólo como excepción que en la eventualidad de que se considerare que determinada información pudiera afectar la seguridad pública y/o las relaciones exteriores, el Presidente pudiera oponerse a ello.
5. Respecto del punto 3 de la mencionada acta, la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios aportó copia de la resolución MP 53/06 de la PGN en virtud de la cual se designó al Dr. Patricio Evers en carácter de subrogante a cargo de la fiscalía N° 7 que interviene en el marco de la causa 9789/00.
6. Los peticionarios manifiestan que consideran un signo equivocado cambiar en este momento del trámite de la causa al fiscal Carlos Miguel Cearras, y solicitan que dicha inquietud sea transmitida a conocimiento del señor Procurador General de la Nación a través de la Cancillería.
7. En relación al punto 5 del acta citada, la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios aportó a la mesa de diálogo copia de la resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmatoria de la sentencia dictada por el TOF 3.
8. Los peticionarios reconocieron el contenido de dicha sentencia, que consideran de enorme importancia y propusieron se evalúen distintas alternativas para garantizar su adecuada difusión pública.
9. Asimismo, la mencionada Secretaría entregó copia de la presentación efectuada el 19 de mayo de 2006, mediante la cual se solicita se reciban diversas declaraciones indagatorias y otras medidas, como así también copia de las resoluciones dictadas por el Juez Lijo con fecha 30 de mayo de 2006.
10. A requerimientos de los peticionarios, la Secretaría de Política Criminal expuso acerca de los detalles de la planificación estratégica que impulsa en el marco de la causa.
11. Respecto del punto 8 del acta de fecha 19 de abril de 2006, la Secretaría de Política Criminal informó que se asignaron dos nuevos agentes de la Unidad AMIA a efectos de colaborar en la tarea de digitalización de fichas a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones.
12. En relación al punto 9 de la mencionada acta, la Secretaría de Política Criminal informó que la Auditoría ha concluido su labor. Sin perjuicio de ello, a sugerencia del señor Ministro de Justicia, los resultados de la misma serán circularizados una vez que los auditados realicen su descargo en caso de considerarlo oportuno.
13. En relación a la situación de las actuaciones en trámite ante el Consejo de la Magistratura respecto del Juez Claudio Bonadío, los peticionarios reiteran su preocupación por la falta de avances y solicitan que, a través de la Cancillería, se transmita dicha preocupación a las autoridades del citado Consejo.
14. Respecto del punto 14 del acta de fecha 19 de abril de 2006, la Secretaría de Derechos Humanos informó a la mesa de diálogo que, sin perjuicio de que el proyecto de ley reparatoria se encuentra publicado en la página web del Ministerio, se ha instrumentado un proceso de consultas con las víctimas y sus familiares, mecanismo que se juzgó como el más idóneo para lograr la más amplia difusión de tal iniciativa.
15. Finalmente, los peticionarios solicitaron que, a través de la Cancillería, se requiera al Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego, copias de las actuaciones originadas respecto del oficio remitido por el anterior juez de la causa 9789/00 en cuyo marco se solicitó se adoptaran las medidas necesarias para que el Dr. Javier De Gamas, juez provincial de Tierra del Fuego, pudiera ser sometido a declaración indagatoria.
16. Las partes convienen en informar de lo actuado a la CIDH a través de la Representación Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional.
17. Asimismo, las partes convienen en celebrar una nueva reunión de trabajo, tentativamente, el próximo 29 de junio de 2006 a las 12 horas, en la sede de la Cancillería.Observaciones:
Las manifestaciones de los peticionarios que eventualmente estén contenidas este documento deben ser entendidas a título individual, sin que pueda interpretarse conformidad y/o aquiescencia al respecto por parte del Estado argentino
- ACTA ONCEAVA REUNION EN CANCILLERIA CON EL ESTADO ARGENTINO:
29 DE JUNIO DE 2006
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los 29 días del mes de junio del 2006, se encuentran reunidas las partes en la petición N° 12.204 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) – los peticionarios, la Sra. Adriana Reisfeld, Sr. Jorge Lew, Sra. Diana Wassner y el Dr. Pablo Miguel Jacoby (Memoria Activa) y el Dr. Gastón Chillier y la Dra. Leah Tandeter (CELS). Por el Estado nacional participan por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el Secretario de Política Criminal Dr. Alejandro Walter Slokar, por la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Dras. Andrea Gualde y María Eugenia Carbone, por la Cancillería el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Méndez Carreras.
Finalizadas las deliberaciones las partes dejan constancia de lo siguiente:
1. En relación al punto 1 del acta de fecha 31 de mayo de 2006, la Cancillería ha informado que el Ministerio del Interior remitió copia del “Acta acuerdo para la implementación del sistema de emergencias interjurisdiccional para incidentes mayores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y un dvd explicativo, de los cuales se hace entrega a la mesa de diálogo. Asimismo se informó que la totalidad de los manuales operativos de los distintos organismos intervinientes se encuentran a disposición de las partes en esa dependencia.
2. En relación al punto 2 del acta de fecha 31 de mayo de 2006, la Cancillería cursará una invitación a la Secretaría de Inteligencia a fin de que un funcionario de esa dependencia asista a la próxima reunión de trabajo con el objeto de exponer acerca de las observaciones pertinentes sobre el anteproyecto de la ley de inteligencia que habría sido remitido a esa cartera por el Ministerio de Justicia en el mes de marzo pasado.
3. En relación a los puntos 7 y 8 del acta de 19 de abril, el Dr. Slokar informó que se comunicó con la Secretaria de Inteligencia, que dio cuenta de diferentes aspectos vinculados con la digitalización de las fichas migratorias. En ese sentido, la Cancillería se comprometió a hacer extensiva la invitación mencionada en el punto anterior con el objeto de que tengan la posibilidad de brindar la información con la que cuente dicha Secretaría.
4. Asimismo, los peticionarios solicitaron que se evalúe la posibilidad de establecer un plazo para la remisión del anteproyecto mencionado en el punto 2 de esta acta desde el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde la firma del decreto 812/05.
5. Respecto del punto 12 del acta antes mencionada, la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, aportó a la mesa de diálogo el resultado de la Auditoria realizada a la Unidad AMIA.
6. En relación a los puntos 5 y 6 del acta de 31 de mayo, el Dr. Slokar informó que el Dr. Evers ha presenciado en su calidad de fiscal las declaraciones indagatorias en el marco de la causa 9789/00, y que el Dr. Cearras también participó en algunas de ellas.
7. En relación al punto 13 del acta de 19 de abril de 2006, los peticionarios dejan constancia que el 29 de mayo de 2006 elevaron un escrito ante la Cancillería a efectos de especificar una propuesta vinculada a las costas y honorarios en sede internacional. Asimismo en dicha presentación, incluyeron una propuesta acerca de las costas devengadas en el ámbito interno en aquellas causas en cuyo marco aún no se hubieran regulado honorarios. Por otro lado, los peticionarios hicieron entrega a la mesa de diálogo de los anexos a la presentación antes mencionada.
8. En relación al punto anterior, la Cancillería hizo entrega de la nota correspondiente, mediante la cual se le dio traslado de dicho escrito a la Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos Humanos.
9. Respecto a los puntos 6, 13 y 15 del acta de 31 de mayo la Cancillería hizo entrega a la mesa de diálogo de las notas cursadas, sobre las cuales aún no se ha obtenido una respuesta.
10. Asimismo, la Cancillería hizo entrega de copias de la documentación aportada por la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, conforme los puntos 5, 7 y 9 del acta antes mencionada.
11. Por último, Memoria Activa aportó a la mesa de diálogo copia de una nota dirigida al Ministro de Justicia relacionada con un artículo periodístico publicado en el diario Ámbito Financiero relativo al caso AMIA, y su correspondiente respuesta.
12. Las partes convienen en celebrar una nueva reunión de trabajo, tentativamente, el próximo 2 de agosto de 2006 a las 12 horas, en la sede de la Cancillería.
13. Asimismo, las partes convienen en informar de lo actuado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Cancillería.
Observaciones:
Las manifestaciones de los peticionarios que eventualmente estén contenidas este documento deben ser entendidas a título individual, sin que pueda interpretarse conformidad y/o aquiescencia al respecto por parte del Estado argentino.
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los 8 días del mes de agosto del 2006, se encuentran reunidas las partes en la petición N° 12.204 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) – los peticionarios, la Sra. Adriana Reisfeld, Sr. Jorge Lew, Sra. Diana Wassner y el Dr. Pablo Miguel Jacoby (Memoria Activa) y el Dr. Gastón Chillier y la Dra. Paola García Rey (CELS). Por el Estado nacional participan por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el Secretario de Política Criminal Dr. Alejandro Walter Slokar, por la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Dras. Ana Badillos y María Eugenia Carbone, por la Cancillería el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Méndez Carreras.
Finalizadas las deliberaciones las partes dejan constancia de lo siguiente:
1. La Representación Especial para Derechos Humanos hizo entrega a la mesa de diálogo de la siguiente documentación: a) Informe remitido por el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego y copia de las actuaciones a que se hace referencia en el punto 15 del acta de fecha 31/5/06; b) Copia del informe remitido por el Consejo de la Magistratura solicitado conforme lo previsto en el punto 13 del acta de fecha 31/5/06; c) Copia de la solicitud de información e invitación cursada a la SIDE conforme lo previsto en los puntos 2 y 3 del acta de fecha 29/6/06; d) copia del informe elaborado por la SIGEN aportado por la Secretaría de Política Criminal conforme punto 5 del acta de fecha 29/6/06.
2. En relación al punto 1 del acta de fecha 29/6/06, los peticionarios solicitan información acerca de la fecha en la que se implementará efectivamente el plan anticatástrofes. La Cancillería se compromete a requerir dicha información a las autoridades competentes del Ministerio del Interior.
3. En relación a las iniciativas vinculadas con la modificación de la Ley de Inteligencia, la Cancillería se compromete a cursar una invitación a la Senadora Sonia Escudero a efectos de participar de la próxima reunión de trabajo, con el objeto de conocer los alcances y características de la iniciativa que al respecto se encuentra en trámite en el ámbito legislativo.
4. Asimismo, los peticionarios manifiestan su preocupación por la falta de avances en relación al proyecto de reforma de la ley de inteligencia impulsada desde el Poder Ejecutivo. En tal sentido, tomando en cuenta la falta de respuesta de las distintas agencias del Estado a las que se solicitó observaciones al respecto, solicitan que el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos actúe en consecuencia, de curso sin más trámite a dicho proyecto de ley. La Cancillería se compromete en hacer llegar tales inquietudes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
5. En relación al estado del proceso de digitalización de fichas migratorias, los peticionarios solicitan que, a través de la Secretaría de Política Criminal, se requiera a quien corresponda que se documente el estado actual del proceso.
6. En relación al punto 5 del acta de fecha 29/6/06, la Secretaría de Política Criminal informó que se ha solicitado un dictámen a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia, el cual fue puesto a consideración del señor Ministro por dicha Dirección.
7. Respecto de las costas y honorarios a que se hace referencia en el punto 7 del acta de fecha 29/6/06, la Secretaría de Derechos Humanos informó que la documentación presentada por los peticionarios se encuentra bajo evaluación de dicha área. En tal sentido, los peticionarios solicitan que, tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso de solución amistosa, y los tiempos que insume la evaluación de las costas y demás gastos derivados del presente proceso, particularmente el impacto que generarán la participación de los peticionarios en el próximo período de sesiones, el Estado ponga a disposición de la Asociación Civil Memoria Activa, en un plazo de tres semanas, la suma de u$s 30.000,00 (Dólares Estadounidenses treinta mil.-) a cuenta de las sumas que efectivamente el Estado reconozca en concepto de costas.
8. En relación a la respuesta obtenida por parte del Consejo de la Magistratura a que se hace referencia en el punto 1.b) de la presente acta, los peticionarios solicitan que se requiera la opinión del representante del Poder Ejecutivo en dicho Consejo en relación a la situación del Juez Claudio Bonadío.
9. Las partes convienen en celebrar una nueva reunión de trabajo, tentativamente, el próximo miércoles 20 de septiembre de 2006 a las 12:30 horas, en la sede de la Cancillería.
10. Asimismo, las partes convienen en informar de lo actuado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Cancillería.
Observaciones:
Las manifestaciones de los peticionarios que eventualmente estén contenidas este documento deben ser entendidas a título individual, sin que pueda interpretarse conformidad y/o aquiescencia al respecto por parte del Estado argentino.
INTER - AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L'HOMME
ORGANIZATION OF AMERICAN STATES
WASHINGTON, D.C. 2 0 0 0 6 U.S.A.
ACTA
En la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los 24 días del mes de octubre de 2006, y en el marco de su 126 período ordinario de sesiones, se celebra la reunión de trabajo relativa al proceso de solución amistosa seguido en la petición 12.204 (Asociación Mutual Israelita Argentina - AMIA), posterior a la audiencia que al respecto se celebro en el día de la fecha. Se encuentran presentes por los peticionarios la señora Diana Wassner, la señora Adriana Reisfeld y el Dr. Pablo Miguel Jacoby (Memoria Activa), el Dr. Gastón Chillier por el CELS, la Dra. Julieta Di Corletto por CEJIL. Por el Estado Nacional se encuentran presentes el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional Embajador Horacio Méndez Carreras, el señor Secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a cargo de la Unidad Amia, Dr. Alejandro Slokar, y la señora Directora Nacional de Asuntos Internacionales en Materia de Derechos Humanos de la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dra. Andrea Gualde. Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentran presentes el Comisionado Florentín Meléndez, el señor Secretario Ejecutivo Dr. Santiago Cantón, y la Dra. Elizabeth Abi-Mershed.Finalizadas las deliberaciones, se deja constancia de lo siguiente:
1. En relación al proceso de digitalización de las fichas migratorias, la Unidad AMIA se compromete a remitir una nota a la Secretaria de Inteligencia a efectos de que establezca un plazo para la finalización de los trabajos que al respecto tiene a su cargo, para ser aportado en el marco de la próxima reunión de trabajo. Respecto de la sistematización de las fichas que se encuentra a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones, la Unidad AMIA manifiesta que, en función de lo informado por dicha agencia estatal, la tarea estaría culminada con anterioridad al próximo periodo de sesiones de la CIDH, comprometiéndose a, en caso de ser necesario, aportar los recursos humanos que fueran indispensables para completar dicha tarea.
2. En relación a la creación de una Unidad Anticatástrofes y plan de contingencias, la Representación Especial para Derechos Humanos se compromete a remitir una nota al Ministerio del Interior a efectos de que en la próxima reunión de la mesa de dialogo pudiera informarse acerca de los siguiente temas a) una estimación de la fecha en la que se procederá a suscribir el convenio entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; b) la fecha en la que se completaría el proceso licitatorio para la puesta en funcionamiento en dicho ámbito; y c) la proyección y descripción de las siguientes etapas a implementar a efectos de que el plan proyectado adquiera alcance nacional.3. En relación a los procesos judiciales en curso el Estado hace saber que a la mayor brevedad el Fiscal General Alberto Nisman, a cargo de la Unidad Fiscal M.P.F. dara a conocer su dictamen en orden a la determinación de responsabilidades de los autores materiales y cómplices en el marco de la causa en la que se investiga el atentado. De otro lado, respecto de la causa del encubrimiento la Secretaria de Política Criminal hace saber que con el agotamiento de los recursos ordinarios ya interpuestos en tratamiento ante la Cámara de Apelaciones, se llevara adelante una nueva presentación para la determinación de la responsabilidad de los participes que por acción u omisión hayan colaborado en la maniobra que se investiga.
4. En relación a los puntos 5, 6 y 7 del acta de marzo de 2005 ratificada mediante el decreto 812/05, el Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional se compromete a solicitar a las áreas concernidas un cronograma de cumplimiento a los efectos de presentarlo en una reunión de trabajo a realizarse tentativamente entre los días 7 y 15 del mes de diciembre de 2006, en la que se prevé la eventual visita del Comisionado Florentin Meléndez.
Observaciones:
Las eventuales manifestaciones de las partes prestadas a titulo individual no implican la conformidad y o la aquiescencia de la contraparte.
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