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5ta Reunion 16/septiembre/2005
Reunión de trabajo en Washington 19/octubre/2005
Reunión de trabajo en Washington 8/marzo/2006
13va Reunion 20/septiembre/2006
Audiencia en Washington 24/octubre/2006
- ACTA PRIMERA REUNION EN CANCILLERIA CON EL ESTADO ARGENTINO:
30 DE MARZO DE 2005
ACTA
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se encuentran reunidos las partes en la petición Nº 12.204 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) – los peticionarios, Sra. Adriana Reisfeld, Diana Wassner, Sr. Jorge Lew y Dr. Pablo Jacoby (Memoria Activa); la Dra. Liliana Tojo y Julieta Di Corleto (CEJIL), la Dra. Andrea Pochak y el Dr. Victor Abramovich (CLS). Por el Estado nacional participan el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ambito Internacional, Embajador Horacio Méndez Carreras, el señor Director de Derechos Humanos de la Cancillería Consejero Federico Villegas Beltrán, por la Unidad Especial de investigaciones del atentado a la AMIA el Dr. Alejandro Rúa, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la Dra. Andrea Gualde, y por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la Dra. Mirta Sassone. Finalizadas las deliberaciones, las partes dejan constancia de lo siguiente:1. El Estado nacional entrega a los peticionarios de copia del proyecto de decreto a que se hace referencia en el punto 3.1 del acta de fecha 4 de marzo de 2005 suscripta en Washington, DC en el marco del 122º período ordinario de sesiones de la CIDH.
2. Los petici9onarios manifiestan que, sin perjuicio de que en el Decreto proyectado se agregue como anexo el texto del acta citada en el punto anterior, el mismo debería contener, en sus considerandos, una mención específica a Memoria Activa como parte que ha presentado e impulsado la denuncia en ámbito internacional, y en su parte resolutiva, el reconocimiento de responsabilidad tal y como fuera exteriorizado por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conforme al punto 2 del acta de fecha 4 de marzo de 2005. Asimismo, y en relación al punto 1 de la citada acta, la difusión del reconocimiento de responsabilidad del Estado deberá ser instrumentado mediante su publicación en los diarios “Clarín”, “La Nación” y “Página/12”, como así también a través de los espacios públicos de radiodifusión y/o televisión, informándose asimismo que el informe Grossman estará disponible para su consulta a través de las páginas web oficiales que correspondan.
3. El Estado se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para que el Decreto mediante el cual el Estado reconoce responsabilidad en la presente petición se dicte con anterioridad a la próxima reunión de trabajo.
4. En relación al punto 3.3.a del acta del 4/03/2005, los peticionarios manifiestan la importancia de que participe un funcionario de la Procuración General de la Nación. Asimismo, solicitan que se requiera a la Unidad Fiscal Especial a cargo del caso AMIA un listado de las causas en las que está interviniendo o en las que haya intervenido. En tal sentido, la Cancillería se compromete a formalizar la invitación a dicho órgano a tales efectos, ya a solicitar a la Unidad Fiscal mencionada la información requerida, con anterioridad a al próxima reunión de trabajo.
5. En relación al punto 3.3.b de la citada acta, los peticionarios manifiestan su preocupación por las demoras verificadas en el marco del juicio político seguido contra el juez Galeano, y solicitan que ello sea transmitido a las autoridades competentes. La Cancillería se compromete a canalizar dicha preocupación acompañando copia de la presente acta.
6. En el mismo sentido, los peticionarios manifiestan su preocupación por las demoras registradas en la resolución de las incidencias de recusación e inhibitoria en trámite ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Federal en las actuaciones en las que se investigan las irregularidades acontecidas en la investigación del caso AMIA. En tal sentido, el representante de a Unidad Especial de Investigaciones del caso AMIA agrega que resulta preocupante la demora en el trámite del juicio político seguido contra el juez Claudio Bonadío, solicitando se transmita tal inquietud a las autoridades competentes. La Cancillería canalizará tales solicitudes de igual manera que lo expresado en punto anterior.
7. En relación al punto 3.3.c de la mencionada acta, los peticionarios manifiestan la necesidad de que la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia cuente con capacidad legal para constituirse en querellante en las causas vinculadas al caso. El Estado se compromete en consecuencia a evaluar las medidas que pueden ser adoptadas a efectos de lograr tal objetivo, y a presentar a la mesa una propuesta en el marco de la próxima reunión de trabajo.
8. En relación al punto 3.3.d de la citada acta, el Dr. Rúa informa a la mesa de diálogo que se encuentran en poder de la Unidad Fiscal Especial de Investigaciones a cargo del Dr. Nisman, alrededor de 1500 cajas con documentación de inteligencia entregadas por la SIDE, documental que se encuentra en plena etapa de evaluación. Sin perjuicio de ellos, el Estado se compromete a hacer sus mejores esfuerzos para agotar la búsqueda de todo archivo o documentación en poder de la SIDE que pudiera estar vinculada al caso AMIA. En tal sentido, la Cancillería solicitará a la SIDE un informe acerca de las medidas realizadas para completar la búsqueda de documentación eventualmente faltante, así como el plan de acción tendiente a agotar dicha búsqueda, incluyendo, si existieran, actuaciones administrativas tendientes a esclarecer las razones por las cuales tal información no fue aportada oportunamente. Asimismo, la mesa de diálogo acuerda se formalice una invitación al titular de la SIDE a efectos de que informe acerca de esta temática.
9. En relación al punto 3.3.e de la mencionada acta, el Dr. Rúa informa q la mesa de diálogo que el relevamiento de la información migratoria disponible en la Dirección Nacional de Migraciones se encuentra muy avanzado, habiéndose informatizado a la fecha cerca de 15.000.000 de fichas entre los años 1992 y1994. Se espera finalizar la tarea alrededor de finales de año. Asimismo se señala que os registros migratorios se encuentran informatizados desde 1995.
10. En relación al punto 4 del acta de fecha 4/3/05, los peticionarios manifiestan la importancia de que el Ministerio del Interior participe en la mesa, específicamente en relación a la evaluación de medidas a implementarse en materia de creación de una unidad especializada en catástrofes y plan de contingencia para caso de atentados. En tal sentido, La Cancillería se compromete a formalizar una invitación a las autoridades que resulten competentes, a fin de que en la próxima reunión de trabajo, informen a la mesa de diálogo acerca de las medidas en estudio o que se hubieran implementado en relación a este tema.
11. En relación al punto 5.a y 5.b de la citada acta, el Dr. Rúa informa que la Oficina Anticorrupción elaboró un proyecto de ley que incorpora reformas en ambos sentidos. Y aporta copia del mismo a la mesa de diálogo. Asimismo, se hace entrega a la mesa de diálogo copia de un informe elaborado por la Oficina Anticorrupción done analiza cuestiones vinculadas al uso de fondos reservados por la SIDE y en cuyo marco se proponen diversas medidas a efectos de garantizar mayor transparencia. Los peticionarios se comprometen a analizar y eventualmente practicar observaciones al respecto con anterioridad a la próxima reunión e trabajo. La Cancillería se compromete a cursar invitación a la Ofician Anticorrupción a efectos de que informe acerca de tales iniciativas, en el marco de la próxima reunión de trabajo.
12. En relación al punto 6 de la citada acta, el Ministerio de Justicia informa que se encuentra a estudio un proyecto de ley tendiente a reparar a todas las víctimas. Los peticionarios manifiestan que esta iniciativa legal debería discutirse con todas las víctimas del atentado en un ámbito diferente a esta mesa de diálogo.
13. En relación al punto 7 de la citada acta, los peticionarios solicitan que el Estado se comprometa a abonar los honorarios regulados y/o a regularse judicialmente en la instancia doméstica a los letrados patrocinantes y/o representantes de las víctimas agrupadas en la organización Memoria Activa, por su actuación profesional en la causa AMIA y causas conexas. En relación con las costas generadas en el marco de la denuncia ante la CIDH, los peticionarios solicitan al Estado que efectúe una propuesta que contemple los estándares internacionales aplicables en la materia. En tal sentido, la Cancillería se compromete a realizar las consultas pertinentes y, en base a ello, transmitirá a los peticionarios la posición del Estado en el marco de la próxima reunión de trabajo
14. Las partes convienen en celebrar una nueva reunión de trabajo, tentativamente, el 3 de mayo de 2005, a las 9:30 horas.
15. Asimismo, las partes convienen en informar de lo actuado a la Comisión Interamericana de derechos Humanos a través de la Cancillería.
- ACTA SEGUNDA REUNION EN CANCILLERIA CON EL ESTADO ARGENTINO:
3 DE MAYO DE 2005
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los 3 días del mes de mayo de 2005, se encuentran reunidos las partes en la petición Nº 12.204 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) – los peticionarios, Sra. Adriana Reisfeld, Diana Wassner, Sr. Jorge Lew, Dr. Enrique Bursinsky y el Dr. Pablo Jacoby (Memoria Activa); la Dra. Julieta Di Corleto (CEJIL), la Dra. Andrea Pochak, la Dra. Leah Tandeter y el Dr. Victor Abramovich (CLS). Por el Estado nacional participan el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Méndez Carreras, el señor Director de Derechos Humanos de la Cancillería Consejero Federico Villegas Beltrán, el Dr. Javier Salgado de la citada Dirección, por la Unidad Especial de investigaciones del atentado a la AMIA el Dr. Alejandro Rúa, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la Dra. Andrea Gualde, y por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la Dra. Mirta Sassone, la Dra. María Eugenia Carbone y el Dr. César San Juan. Han participado asimismo, en carácter de invitados conforme lo convenido en el acta de fecha 30 de marzo de 2005, el Dr. Abel Fleytas Ortiz de Rosas, titular de la Oficina Anticorrupción, el Dr. Hernán Charosky, de la citada Oficina, el Sr. Comisario Héctor Omar Rago, de la Secretaria de Seguridad Interior, y el Dr. Juan Pablo Ugarte, de la Procuración General de la Nación. Finalizadas las deliberaciones, las partes dejan constancia de lo siguiente:
1. El señor representante de la Secretaria de Seguridad Interior realizó una presentación acerca de la estructura de la citada repartición, sus funciones y sus competencias. Asimismo, expuso acerca del papel de la misma como organismo de coordinación con distintas fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales. En ese sentido, los peticionarios advierten que de lo manifestado, no ha surgido concretamente la existencia de un plan de contingencia concreto y específico a ser instrumentado en caso de una emergencia masiva. Atento a ello, la Cancillería se compromete a trasladar a las autoridades del Ministerio del Interior dicha inquietud, solicitando asimismo información acerca de las eventuales iniciativas que se estuvieran estudiando en dicha cartera de gobierno sobre la adopción de un plan de contingencia para el caso de catástrofes y/o emergencias masivas.
2. En relación al punto 11 del acta de fecha 30 de marzo de 2005, el señor Titular de lo Oficina Anticorrupción expuso acerca de las diferentes iniciativas legislativas que se encuentran en estudio respecto de las cuestiones vinculadas con el uso y manejo de fondos reservados, como así también del acceso a información de inteligencia, tanto en el ámbito parlamentario como del Poder Ejecutivo. En ese sentido, los peticionarios manifiestan la importancia de que el Poder Ejecutivo pudiera remitir un proyecto de ley al Congreso en el que se consoliden los diferentes proyectos. El titular de la O.A. manifestó que comparte tales inquietudes, refiriendo que se harán los mejores esfuerzos para que, con anterioridad al próximo período de sesiones de la CIDH, el Poder Ejecutivo pudiera enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que contemple los diferentes aspectos abordados por las mencionadas iniciativas
3. El señor representante de la Procuración General de la Nación expuso acerca de las medidas adoptadas desde dicho órgano para facilitar las actividades de la Unidad Fiscal a cargo del Dr. Nisman. Los peticionarios manifiestan la importancia de que, sin perjuicio de la debida evaluación por parte del Dr. Nisman de la información y/o aportes que las causas conexas pudieran generar respecto de la investigación principal del atentado a la AMIA, se pudieran adoptar las medidas que fueran necesarias para que la presencia del Dr. Nisman en los juicios orales de las mencionadas causas conexas no resulte indispensable, de manera tal que los funcionarios a su cargo no queden sin la presencia y dirección del titular natural de la Unidad durante el lapso que pudieran insumir estos juicios. La Cancillería se compromete a transmitir tal inquietud a la Procuración General de la Nación mediante la remisión de copia de la presente acta.
4. En relación al punto 2 del acta del 30 de marzo de 2005, es Estado ha hecho conocer a los peticionarios que se encuentra en trámite en el ámbito de la Chancillería, un proyecto de decreto en el que se hace expresa mención tanto de los organismos denunciantes como de la fórmula de reconocimiento de responsabilidad conforme al acta de fecha 4 de marzo de 2005. Se informa asimismo, que el informe Grossman ya se encuentra disponible en la página web de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
5. El señor representante de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia informó a la mesa que, por resolución del pleno de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, se procedió al archivo de las actuaciones administrativas relacionadas con la actuación de los funcionarios del juzgado a cargo del Dr. Juan José Galeano, hasta tanto finalicen las causas penales en trámite. Los peticionarios manifiestan su preocupación por tal circunstancia, y solicitan que, por intermedio de la Cancillería, se transmita a dicho tribunal tal preocupación, y se solicite copia legalizada de los mencionados sumarios.
6. En relación al trámite vinculado con el juicio político impulsado contra el Dr. Claudio Bonadío, los peticionarios manifiestan su preocupación habida cuenta de que, de acuerdo a la información disponible, dicho trámite continuaría en el ámbito de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. En tal sentido, la Cancillería se compromete a transmitir la preocupación a las autoridades competentes, tanto de la Comisión de Disciplina, como así también de la Comisión de Acusación y a la Presidencia del Consejo.
7. En relación al punto 4 del acta de fecha 30 de marzo de 2005, la Cancillería hace entrega a los peticionarios de copia del informe que al respecto elaboró la fiscalía a cargo del Dr. Nisman.
8. En relación al punto 6 del acta de fecha 30 de marzo de 2005, el Dr. Rúa hizo entrega a los peticionarios de copia de la presentación efectuada ante la Oficina Anticorrupción y ante la Unidad Fiscal del Dr. Nisman, a fin de que consideren la posibilidad de que éstos realicen una presentación directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objeto de que ésta resuelva definitivamente la cuestión.
9. Asimismo, y en relación al punto 7 del acta de fecha 30 de marzo de 2005, el Dr. Rúa informa que se ha elaborado un proyecto decreto que se encuentra en trámite en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
10. En relación al punto 8 del acta de fecha 30 de marzo de 2005, la Chancillería entrega a los peticionarios copia del informe remitido por la SIDE.
11. Las partes convienen en celebrar una nueva reunión de trabajo, tentativamente, el 9 de junio de 2005, a las 15:30 horas.
12. Asimismo, las partes convienen en informar de lo actuado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Cancillería.
ACTA TERCERA REUNION - 22 DE JUNIO DE 2005
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los 22 días del mes de junio de 2005, se encuentran reunidos las partes en la petición Nº 12.204 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) – los peticionarios, Sra. Adriana Reisfeld, Diana Wassner, Sr. Jorge Lew y el Dr. Pablo Jacoby (Memoria Activa); la Dra. Julieta Di Corleto (CEJIL), la Dra. Andrea Pochak y la Dra. Leah Tandeter (CELS). Por el Estado nacional participan el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Méndez Carreras, por la Dirección de Derechos Humanos de la Chancillería el Dr. Javier Salgado, por la Unidad Especial de investigaciones del atentado a la AMIA el Dr. Alejandro Rúa, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la Dra. Andrea Gualde y la Dra. María Eugenia Carbone. Finalizadas las deliberaciones, las partes dejan constancia de lo siguiente:
1. La Cancillería ha informado a la mesa de diálogo que, conforme lo pautado en el marco de la reunión de trabajo de fecha 3 de mayo de 2005, se han cursado las comunicaciones mencionadas en los puntos 1, 2, 3, 5, 6 y 10.
2. Atento a que hasta la fecha no se ha recibido respuesta a tales comunicaciones, la Chancillería se compromete a reiterar las mencionadas comunicaciones, particularmente la vinculada al punto 5 del acta de fecha 3 de mayo de 2005. Asimismo, y en relación a las notas remitidas en función del punto 6 de la citada acta, las mismas serán también puestas en conocimiento de todos los integrantes del Consejo de la Magistratura.
3. Los peticionarios manifiestan su preocupación por la causa iniciada por la denuncia del Juez Juan José Galeano contra los Dres. Rúa, Jacoby y Ubeira, solicitando que dicha preocupación sea transmitida al fiscal de la causa. La Chancillería se compromete a vehiculizar tal preocupación mediante la remisión de una copia de la presente acta.
4. La Chancillería informa que, a solicitud de la misma, el Dr. Jacoby ha presentado copia certificada de la regulación de honorarios realizada por el Tribunal Oral Federal Nº 3, de la causa. La misma ha sido remitida a conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Dicha Secretaría emitió su opinión favorable en cuanto a que el Estado se comprometa a abonar los honorarios regulados y/o a regularse judicialmente tanto en la instancia doméstica como en la internacional. Asimismo, manifestó la conveniencia de requerir el asesoramiento de la Procuración del Tesoro de la Nación a los fines de establecer el mecanismo más idóneo desde el punto de vista jurídico.
5. Los peticionarios manifiestan que, en relación a las costas y honorarios relacionadas con la denuncia internacional, oportunamente aportarán una propuesta en tal sentido.
6. En relación al proyecto de decreto mencionado en el punto 4 del acta de fecha 3 de mayo de 2005, la Chancillería informa que, con fecha 15 de junio de 2005, el mismo fue remitido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, debidamente modificado conforme a las observaciones practicadas por los peticionarios. La Secretaría de Derechos Humanos informa que dicho proyecto haya sido refrendado por el Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos y se encuentra a la firma del Sr. Ministro del Interior. Los peticionarios manifiestan que sería contraproducente que la firma del mismo coincidiera con el aniversario del atentado, por lo cual instan a que se adopten las medidas que sean necesarias para que éste sea rubricado por el Señor Presidente de la Nación con la debida anticipación al 18 de julio de 2005.
7. En relación al punto 7 del acta de fecha 30 de marzo de 2005, el Dr. Rúa informa que el proyecto de Decreto mediante el cual se le atribuye legitimación para constituirse en querellante en las causas vinculadas al caso AMIA se encuentra a consideración de la Secretaria Legal y Técnica. En ese sentido, los peticionarios reiteran la importancia de una urgente aprobación del mismo. La Chancillería se compromete a vehiculizar tal inquietud a las autoridades competentes.
8. Los peticionarios informan a la mesa que en el ámbito de la Oficina Anticorrupción se celebrará un encuentro, con fecha 23 de junio de 2005, a los fines de debatir el proyecto de ley vinculado con el uso de fondos reservados, debate al que han sido invitados expertos del CELS, entre otros, lo que constituye un importante avance en la elaboración y presentación de este proyecto de ley.
9. En relación al proyecto de ley de reparación para las víctimas del atentado y sus familiares, la Secretaría de DD.HH. informa que se encuentra a estudio del área de leyes reparatorias de dicha Secretaría.
10. Las partes convienen en celebrar una nueva reunión de trabajo, tentativamente, el 1 de agosto de 2005, a las 15:30.
11. Asimismo, las partes convienen en informar de lo actuado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Cancillería.
ACTA 4ta REUNION EN CANCILLERIA- 1 DE AGOSTO DE 2005
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a un día del mes de agosto de 2005, se encuentran reunidos las partes en la petición Nº 12.204 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) – los peticionarios, Sra. Diana Malamud, Sr. Jorge Lew y el Dr. Pablo Jacoby (Memoria Activa); la Dra. Julieta Di Corleto (CEJIL), la Dra. Andrea Pochak y la Dra. Leah Tandeter (CELS). Por el Estado nacional participan el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Méndez Carreras, el Sr. Director de Derechos Humanos de la Chancillería Consejero Federico Villegas Beltrán, por la Unidad Especial de investigaciones del atentado a la AMIA el Dr. Fernando Cavalleri, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la Dra. Andrea Gualde y la Dra. María Eugenia Carbone. Finalizadas las deliberaciones, las partes dejan constancia de lo siguiente:1. La Cancillería ha informado a la mesa de diálogo que se han cursado las comunicaciones a que se hace referencia en los puntos 1, 2, 3, 4 y 7 del acta de fecha 22 de junio de 2005 y entrega copia de las mismas.
2. La Cancillería hace entrega a la mesa de diálogo de copia de la respuesta remitida respecto del punto 5 del acta de fecha 3 de mayo de 2005.
3. Asimismo, la Cancillería hace entrega de copia de la sentencia recaída en autos “Castañeda, Carlos Antonio y otros s/Sustracción y destrucción de medios de prueba”.
4. En relación al punto 6 del acta de fecha 22 de junio de 2005, el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado el Decreto Nº 812/2005 con fecha 12 de julio de 2005, cuyo contenido ha sido publicado, en adición al Boletín Oficial, en los principales medios de prensa nacionales.
5. Los peticionarios solicitan se requiera al fiscal Dr. Nisman, un listado de las causas vinculadas al atentado a la sede de la AMIA en cuyo marco se hayan realizado planteos de prescripción que estuvieran en trámite, incluyendo información sumaria sobre la causa, delitos imputados y juzgado interviniente. La Cancillería se compromete a vehiculizar dicho pedido.
6. Los peticionarios solicitan se requiera información a la Oficina Anticorrupción acerca del estado del anteproyecto de ley vinculado con el uso de fondos reservados. La Cancillería se compromete a vehiculizar dicho pedido.
7. Los peticionarios reiteran su preocupación por la falta de un plan de contingencia y creación de una unidad especializada en catástrofes, solicitando se transmita la misma al Ministerio del Interior, sobre todo considerando que se trata de un compromiso no sólo efectivizado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que se encuentra incluido en el Decreto 812/2005.
8. Los peticionarios solicitan que el Estado informe el estado en que se encuentra el proyecto de ley sobre reparación a las víctimas del atentado. La Secretaría de Derechos Humanos se compromete a informar al respecto a la mesa de diálogo en la próxima reunión de trabajo.
9. Las partes convienen en celebrar una nueva reunión de trabajo, tentativamente, el 2 de septiembre de 2005, a las 15:30.
10. Asimismo, las partes convienen en informar de lo actuado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Cancillería.
ACTA 5ta REUNION EN CANCILLERIA- 16 DE SEPTIEMBRE DE 2005
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los 16 días del mes de setiembre de 2005, se encuentran reunidos las partes en la petición Nº 12.204 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) – los peticionarios, Sra. Diana Malamud, Sra. Adriana Reisfeld, Sr. Jorge Lew y el Dr. Pablo Jacoby (Memoria Activa); la Dra. Julieta Di Corleto y el Dr. Pedro Díaz (CEJIL), la Dra. Andrea Pochak y la Dra. Leah Tandeter (CELS). Por el Estado nacional participan el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Méndez Carreras, por la Unidad Especial de investigaciones del atentado a la AMIA el Dr. Alejandro Rúa, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la Dra. Andrea Gualde y la Dra. María Eugenia Carbone. Finalizadas las deliberaciones, las partes dejan constancia de lo siguiente:
1. La Cancillería ha informado a la mesa de diálogo que se han cursado las comunicaciones a que se hace referencia en los puntos 5, 6 y 7 del acta de fecha 1 de agosto de 2005 y entrega copia de las mismas.
2. Atento a que hasta la fecha no se ha recibido respuesta a tales comunicaciones, la Cancillería se compromete a reiterar la misma, advirtiendo la inminencia de las audiencias que se llevarán a cabo en el mes de octubre ante la CIDH.
3. La Cancillería hace entrega a la mesa de dialogo de copia del dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos remitida respecto del punto 4 del acta de fecha 22 de junio de 2005. La Cancillería informa que se ha remitido al Ministerio del Interior para que dictamine al respecto, comprometiéndose a que, una vez recibido, lo remitirá nuevamente a la Procuración del Tesoro de la Nación.
4. En relación con ello, los peticionarios indicaron que dicho dictamen hace referencia exclusiva a la causa Nº 487/00, manifestando su preocupación de que se haga extensivo a todas las causas relacionadas con el caso AMIA en las cuales los letrados han intervenido.
5. Respecto del punto 7 del acta de fecha 30 de marzo de 2005, el Dr. Alejandro Rúa informó a la mesa de trabajo que el Proyecto de decreto mediante el cual se le atribuye a la Unidad a su cargo legitimación para constituirse en querellante en las causas vinculadas al caso AMIA, se encuentra, desde el día 9 de setiembre, en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. En ese sentido, los peticionarios tomaron conocimiento de los cambios incorporados al proyecto, y manifiestan su preocupación de que estos cambios no impliquen una desnaturalización del compromiso asumido por el Estado para fortalecer la Unidad Especial. Asimismo, reiteran la importancia de que este decreto sea sancionado lo antes posible.
6. Los peticionarios manifiestan su preocupación por el tiempo transcurrido desde la recusación planteada contra el juez Bonadío sin que haya habido resolución, debido a las dificultades para constituir un Tribunal que resuelva el planteo y la incidencia que ello tiene en la paralización de la investigación y el consecuente estado de denegación de justicia. Tomando en cuenta el compromiso asumido por el Estado argentino de adoptar las medidlas tendientes a garantizar la investigación del atentado y del encubrimiento y las sanciones a los responsables, los peticionarios solicitan se requiera a la OA, con copia al Ministerio de Justicia; y al Procurador General de la Nación, con copia a la Unidad Fiscal de Investigaciones del caso AMIA, información acerca del curso dado al mecanismo que habilitaría la presentación directa a la CSJN, para que resuelva la cuestión en los términos del artículo 24, inc. 7º del decreto 1285/58 o toda otra normativa que resuelva la problemática en cuestión. La Cancillería se compromete a cursar las mismas.
7. Respecto del punto 7 del acta de fecha 1 de agosto de 2005, los peticionarios manifiestan su preocupación por la falta de información respecto de un plan de contingencia y la creación de una unidad especializada en catástrofes, solicitando se trasmita la misma al Ministerio del Interior, tomado en cuenta el compromiso público asumido por éste en ocasión de la reunión mantenida previa a la firma del decreto 812/05, el día 12 de julio de 2005.
8. En relación con la elaboración de un proyecto de ley de reparaciones a las víctimas del atentado, la Secretaría de Derechos Humanos informa a la Mesa que éste se está elaborando tomando como antecedentes las leyes reparadoras por las violaciones de derechos humanos de la última dictadura militar, contemplándose las particularidades del caso. Una vez que el proyecto esté elaborado se remitirá a las dependencias del Poder Ejecutivo con competencia, para en una segunda etapa ponerlo a consideración de los afectados.
9. Las partes convienen en celebrar una nueva reunión de trabajo, tentativamente, en el curso del mes de noviembre de 2005.
10. Asimismo, las partes convienen en informar de lo actuado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Cancillería.
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOSACTA
En la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, DC, a los 19 días del mes de octubre de 2005, en el marco de la audiencia relacionada con la petición 12.204 (caso “AMIA”) se han reunido: por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el relator para la República Argentina, Comisionado Florentín Meléndez y la Dra. Elizabeth Abi-Mershed; por los peticionarios, Diana Wasser y Adriana Reisfeld (por Memoria Activa), la Dra. Andrea Pochak (por el CELS), y la Dra. Julieta Di Corleto (por CEJIL); por el Estado Nacional, el Señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Méndez Carreras, el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Chancillería Dr. Jorge Cardozo, las representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Dras. Andrea Gualde, Ana Badillos y Claudia Cesaron, por Unidad Especial de Investigación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Dr. Alejandro Rúa.
Tomando en cuenta lo acontecido en el marco de la reunión de trabajo celebrada en el día de la fecha, se deja constancia de lo siguiente:
1. El Estado aporta a la mesa de diálogo los siguientes documentos, los cuales son producto de las gestiones encomendadas a la Chancillería en el marco de las reuniones de trabajo celebradas hasta la fecha:
a) Anteproyecto de reforma de la ley de inteligencia con las modificaciones introducidas a raíz de la reunión mantenida el 23/ 06/2005;
b) Copia de la resolución 1288 del Ministerio del Interior vinculada con el Sistema Federal de Emergencia, mediante el cual se asigna al Jefe de la PFA la coordinación operativa del citado sistema (SIFEM);
c) Copia del dictamen elaborado por la Oficina Anticorrupción respecto a cuestiones vinculadas con las diversas recusaciones presentadas contra el Juez Bonadio;
d) Listado de los diversos incidentes vinculados con la causa AMIA producido por la Unidad Fiscal a cargo del Dr. Nisman que fuera solicitada por los peticionarios.
2. Los peticionarios expresan su preocupación por la demora en el dictado del decreto que le confía la facultad de querellar al la Unidad Especial de Investigación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en todos los procesos relacionados con el encubrimiento del atentado. En tal sentido solicitan que, en el plazo máximo de un mes, se firme el decreto en cuestión.
3. Asimismo, los peticionarios expresan su preocupación por la demora en la implementación de una unidad para la prevención de catástrofes. En este sentido, solicitan se les dé traslado de los proyectos en estudio y se realicen las gestiones necesarias a fin de avanzar en su implementación a la mayor brevedad. El Estado informa sobre una resolución adoptada por el Ministerio del Interior instando la creación de un plan federal de contingencia, y deja copia de la misma para su consideración.
4. Asimismo, los peticionarios expresan su preocupación por la demora en la presentación de un proyecto de ley de inteligencia del Estado en punto al control de fondos reservados y acceso a información de inteligencia. En tal sentido, en primer lugar, solicitan se les dé traslado de dicho proyecto, y en segundo término, manifiestan su expectativa de que, realizadas las revisiones del caso, el mencionado proyecto alcance estado parlamentario en el próximo período de sesiones legislativas. El Estado informa que el anteproyecto de ley ha sido girado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la Auditoría General de la Nación para su consideración, y luego se transmitirá al resto de las dependencias involucradas.
5. Adicionalmente, los peticionarios manifiestan su preocupación por la demora en la recusación del magistrado Dr. Bonadio, quien interviene en el proceso en el cual se investiga el encubrimiento del atentado. Expresan que hasta tanto estos incidentes no se hayan resuelto, la causa se encuentra paralizada, con los riesgos de que opere la prescripción. En tal sentido, instan a que se realicen las medidas necesarias para destrabar el trámite judicial en cuestión a fin de que se defina el magistrado que deberá estar a cargo de dicha investigación.
6. En punto a la tramitación del pedido de juicio político del Dr. Galeano, las partes informan a la Comisión sobre la destitución resuelta en el mes de agosto por el Jurado de Enjuiciamiento.
7. Respecto de la tramitación del juicio político del Dr. Bonadio, los peticionarios expresan su preocupación porque, a pesar del tiempo transcurrido, el expediente aún tramita ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. En función de ello, solicitan que desde el Poder Ejecutivo se realicen las gestiones necesarias para que el caso del Dr. Bonadio sea remitido a la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura para su inmediato tratamiento.
8. Respecto de la tramitación de los sumarios disciplinarios a los funcionarios judiciales involucrados en las irregularidades de la investigación, los peticionarios instan al Estado a realizar las gestiones necesarias a fin de que se revierta la resolución de la Cámara Federal en lo Criminal de la Capital Federal que implicó su suspensión a resultas de la causa penal.
9. Por su parte el Estado actualiza la información sobre el avance de la elaboración de un anteproyecto legislativo tendiente a establecer una reparación para todas las víctimas del atentado.
10. En relación con las costas por la tramitación de las causas a nivel interno e internacional, el Estado informa sobre el dictamen jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los peticionarios solicitan se realicen las consultas pertinentes a fin de que el Estado se pronuncie sobre el tema lo antes posible.
11. El Estado asimismo informa de la agenda de trabajo desarrollada a lo largo de todas las reuniones realizadas desde el inicio de este proceso de solución amistosa, agregándose la documental correspondiente.
12. Se acordó fijar una nueva reunión de trabajo tentativamente el próximo miércoles 23 de noviembre a las 16:00 horas.
13. Asimismo, las parte se comprometen a mantener debidamente informada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Acta 6ta Reunión en Cancilleria
30 de Noviembre de 2005
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los 30 días del mes de noviembre de 2005, se encuentran reunidos las partes en la petición Nº 12.204 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) – los peticionarios, Sra. Diana Malamud, Sra. Adriana Reisfeld, Sr. Jorge Lew y el Dr. Pablo Jacoby (Memoria Activa); la Dra. Julieta Di Corleto (CEJIL), la Dra. Andrea Pochak y la Dra. Leah Tandeter (CELS). Por el Estado nacional participan el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Méndez Carreras, por la Unidad Especial de investigaciones del atentado a la AMIA el Dr. Alejandro Rúa, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la Dra. Andrea Gualde, la Dra. Ana Badillos y la Dra. María Eugenia Carbone. Finalizadas las deliberaciones, las partes dejan constancia de lo siguiente:
1. La Cancillería ha informado a la mesa de diálogo que se han cursado las comunicaciones a que se hace referencia en los puntos 2, 3, 4, 5, 7 y 8 del acta de fecha 19 de octubre de 2005 y entrega copia de las mismas.
2. La Cancillería hace entrega a la mesa de dialogo de copia de las respuestas remitidas por la fiscalía a cargo del Dr. Nisman (punto 5 del acta del 1 de agosto de 2005); por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (puntos 5 y 8 del acta de fecha 19 de octubre de 2005) y copia del expediente Nº 282/04 (Relativo al desempeño de funcionarios y empleados del Juzgado Federal Nº 9)..
3. Los peticionarios acusan recibo de la misma, y se comprometen a presentar las observaciones que estimen corresponder, con anterioridad a la próxima reunión de trabajo.
4. La Unidad especial de investigaciones da cuenta de los avances acontecidos en los procesos judiciales relativos al atentado a la AMIA como así también respecto del encubrimiento. Respecto del atentado, se ha hecho mención a las novedades de público conocimiento anunciadas por el fiscal Nisman. Respecto del encubrimiento, se destacó la integración del tribunal de alzada que continuará interviniendo en el caso y el reciente apartamiento del Juez Claudio Bonadío, como así también la última resolución del tribunal de alzada que admite la pretensión querellante de la Oficina Anticorrupción del Poder Ejecutivo para intervenir como acusadora en el trámite judicial.
5. Los peticionarios valoran tales avances informados por el Estado. Sin embargo, reiteran su preocupación por la falta de avances concretos en la investigación sobre el desempeño del Juez Bonadío, en trámite ante el Consejo de la Magistratura, toda vez que entienden que contradice la voluntad estatal manifestada a través de la agenda de trabajo aprobada por Decreto 812/2005, en cuyo marco se contempló la necesidad de adoptar “medidas tendientes a garantizar la investigación del atentado y del encubrimiento y las sanciones a los responsables”.
6. Asimismo, los peticionarios manifiestan su preocupación por la demora en la aprobación del decreto mediante el cual se le atribuye a la Unidad AMIA legitimación para constituirse en querellante en las causas vinculadas al caso AMIA. Los peticionarios reiteran su preocupación respecto de que posibles cambios sobre el contenido del proyecto original no impliquen una desnaturalización del compromiso asumido por el Estado en el Decreto 812/2005 para fortalecer dicha Unidad Especial, y solicitan se informe a la mesa de diálogo sobre el estado del mismo.
7. Respecto del proyecto de reforma de la ley de inteligencia, los peticionarios manifiestan su preocupación por la dilación en su tratamiento, e instan a que se adopten las medidas necesarias para su pronta aprobación. Asimismo, reiteran su expectativa de que dicho proyecto alcance estado parlamentario en el próximo período de sesiones del Congreso de la Nación.
8. Los peticionarios toman nota de la resolución 1288 del Ministerio del Interior entregada en el marco del 123º período de sesiones del CIDH. Sin embargo, consideran que la misma no contempla la implementación efectiva de una unidad para la prevención de catástrofes y solicitan se informe acerca de eventuales proyectos al respecto.
9. Los peticionarios solicitan que, en la próxima reunión de trabajo, se informe acerca de las actuaciones vinculadas con el eventual pago de las costas por la tramitación de las causas a nivel interno e internacional.
10. En vistas del próximo período de sesiones del CIDH, el Estado se compromete a elaborar un informe de avance del presente proceso. Copia del mismo se transmitirá a los peticionarios a efectos de que practiquen las observaciones que estimen corresponder. Dicho informe de avance, una vez aprobado por las autoridades competentes, será transmitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como así también a todas las dependencias del Estado Nacional vinculadas directa o indirectamente con el objeto del presente proceso.
11. Las partes convienen en celebrar una nueva reunión de trabajo, tentativamente, el 22 de diciembre de 2005, a las 11:00 horas.
12. Asimismo, las partes convienen en informar de lo actuado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Cancillería.
Acta 7ma Reunión en Cancilleria
22 de diciembre de 2005
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los 22 días del mes de diciembre de 2005, se encuentran reunidas las partes en la petición Nº 12.204 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) – los peticionarios, Sra. Adriana Reisfeld, Sr. Jorge Lew (Memoria Activa); la Dra. Julieta Di Corleto y el Dr. Pedro Díaz (CEJIL), la Dra. Andrea Pochak y la Dra. Leah Tandeter (CELS). Por el Estado nacional participan el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Méndez Carreras, por la Unidad Especial de investigaciones del atentado a la AMIA el Dr. Alejandro Rúa, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la Dra. Andrea Gualde y la Dra. María Eugenia Carbone. Finalizadas las deliberaciones, las partes dejan constancia de lo siguiente:
1. La Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha informado a la mesa de diálogo que se ha transmitido a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, la preocupación de los peticionarios respecto del proyecto de decreto mediante el cual se le atribuye a dicha Unidad legitimación para constituirse en querellante en las causas vinculadas al caso AMIA.
2. En ese sentido, la Unidad AMIA informa que la Secretaría Legal y Técnica ha comunicado que dicho proyecto ha sido remitido a la consideración del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
3. En relación a la preocupación de los peticionarios manifestada en el punto 8 del acta de fecha 30 de noviembre de 2005, la Cancillería informa que la Secretaría de Seguridad Interior recibirá en audiencia al señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional a efectos de evaluar dicha cuestión.
4. Asimismo, la Cancillería informa que, de acuerdo a lo convenido en el punto 10 del acta de fecha 30 de noviembre de 2005, se encuentra en elaboración el informe de avance del presente proceso, con vistas al próximo período ordinario de sesiones de la CIDH, el que una vez finalizado, será transmitido a los peticionarios a efectos de que practiquen las observaciones que consideren oportunas.
5. Los peticionarios manifiestan su preocupación habida cuenta de que, a su juicio, no se han producido avances concretos desde la reunión de trabajo celebrada el 30 de noviembre de 2005, como así también respecto de las dificultades verificadas en la materialización efectiva de los compromisos asumidos en el marco del presente proceso de solución amistosa desde la aprobación del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 812/2005.
6. Las partes convienen en celebrar una nueva reunión de trabajo, tentativamente, el 30 de enero de 2006, a las 11:00 horas.
7. Asimismo, las partes convienen en informar de lo actuado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Cancillería.
Acta 8va Reunión en Cancilleria
30 de enero de 2006
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los treinta días del mes de enero del 2006, se encuentran reunidas las partes en la petición Nº 12.204 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) – los peticionarios, la Sra. Adriana Reisfeld, Sr. Jorge Lew y el Dr. Pablo Jacoby (Memoria Activa); el Dr. Pedro Díaz (CEJIL), la Dra. Andrea Pochak (CELS). Por el Estado nacional participan el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Méndez Carreras, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el Secretario de Política Criminal Dr. Alejandro Walter Slokar, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación el Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos Dr. Rodolfo Mattarollo, por la Unidad Especial de investigaciones del atentado a la AMIA el Dr. Alejandro Rúa, por la Oficina Anticorrupción en representación del Fiscal de Control Administrativo el Dr. Nicolás Raigorodsky.
Finalizadas las deliberaciones, las partes dejan constancia de lo siguiente:1. La Cancillería destaca que tal como se expresara en el punto 3 del acta del 22 de diciembre de 2005, el Representante Especial de Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Méndez Careras fue recibido en reunión de trabajo el día 4 de enero por el señor Secretario de Seguridad Interior Lic. Luis Tiblieti, a efectos de evaluar conjuntamente los aspectos vinculados a la implementación efectiva de una unidad para la prevención de catástrofes. Como corolario de la misma el Lic. Luis Tiblieti con fecha 16 de enero de 2006, le hizo llegar a esta Cancillería para adjuntar a la mesa de diálogo copia del informe producido por la Policía Federal Argentina relativo a las acciones llevadas a cabo en dicho ámbito en relación a la implementación de “una unidad para la respuesta en caso de catástrofes” en 9 fojas, lo que responde a la preocupación expresada por la parte peticionaria en el punto 3 del acta del 22 de diciembre 2005. Este informe, según surge de su apartado 3, complementa la Resolución 1288 del Ministro del Interior D. Aníbal Fernández de fecha 3 de agosto de 2005, y otros aspectos vinculados con la temática en cuestión.
2. Los peticionarios acusan recibo de dicho documento manifestando que, en caso de considerarlo oportuno, harán llegar al Estado las observaciones y/o sugerencias que entiendan corresponder.
3. La Cancillería informa que el Representante Especial de Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio Méndez Careras mantuvo otra reunión de trabajo al día 18 de enero a las 15:00 horas con el Fiscal a cargo de la Oficina Anticorrupción, Dr. Abel Fleitas Ortiz de Rosas, durante cuyo transcurso se abordaron cuestiones relativas a la marcha del anteproyecto de ley de inteligencia. En ese sentido, se le informó al Dr. Méndez Carreras que el mismo se encuentra a la firma del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Alberto Iribarne, con las modificaciones sugeridas por la Auditoría General de la Nación respecto a los mecanismos de control de gastos. El Dr. Abel Fleitas informó durante la reunión que mantuvo con el Representante Especial de Derechos Humanos de la Chancillería, que enviará un cronograma administrativo del proyecto de ley de inteligencia Nro. 25.520. Sobre este punto de la agenda, el Dr. Nicolás Raigorodsky, en representación del Fiscal de Control Administrativo de la Oficina Anticorrupción, expuso que desde el 24/11/2005 el anteproyecto de reforma de la ley de inteligencia, cuya copia se entrega a la mesa conforme lo solicitado en el punto 4 del acta de fecha 19/10/2005, se encuentra a consideración de la Unidad Ministro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
4. Los peticionarios acusan recibo de dicho anteproyecto. En ese sentido, recuerdan la importancia de que el mismo pudiera tener estado parlamentario con anterioridad al próximo período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
5. El Dr. Alejandro Rua titular de la Unidad Especial de Investigaciones del atentado a la Amia, también mantuvo dos reuniones de trabajo con el Representante Especial de Derechos Humanos de la Cancillería los días 22 y 23 de enero del corriente, a propósito del curso del proceso. Asimismo, en el curso de esta audiencia se pronunció sobre los avances en las investigaciones tanto del atentado mismo como del encubrimiento, y las incidencias recientes vinculadas al apartamiento del juez Bonadio y la aceptación de la Oficina Anticorrupción como parte querellante en representación del Poder Ejecutivo. Asimismo, dio cuenta de las investigaciones que lleva adelante con la intervención de la Oficina Anticorrupción. Asimismo, dio cuenta de aquellas pesquisas que, con la asistencia de la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal se han iniciado con destino a colectar mayores elementos sobre las negociaciones que intramuros se llevaran adelante desde 1995 entre el entonces detenido Telleldin y diversos funcionarios públicos con destino a obtener la versión de los hechos por la que finalmente se concretara en julio de 1996 el pago irregular que se investiga en aquel proceso judicial por el encubrimiento.
6. Tomando en cuenta el próximo alejamiento del Dr. Rua de la conducción de la Unidad AMIA, los peticionarios desean destacar y valorar positivamente la tarea llevada a cabo hasta la fecha por el dr. Rua, y manifiestan la importancia que se asegure la continuidad de dicha gestión en la persona de quien se designe.
7. Sobre el estado del trámite de proyecto de decreto que involucra a esa Unidad a fin de otorgarle la facultad querellante para impulsar las investigaciones sobre el encubrimiento, el Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional mantuvo dos reuniones el 10 de enero y el 25 de enero del corriente en el despacho del Secretario de Política Criminal Dr. Alejandro Walter Slokar en cuyo ámbito funciona dicha Unidad. Durante su transcurso, el Dr. Alejandro W Slokar le hizo entrega del proyecto de decreto que también responde a la preocupación de los peticionarios, el que se encuentra en Presidencia de la Nación desde el 23/01/2006 con el refrendo del Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Copia del citado proyecto se entrega a los participantes de la mesa de diálogo.
8. Sobre dicho proyecto, los peticionarios hacen notar que la facultad de querellar se asignaría a la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios. En ese sentido, manifiestan su expectativa de que esa modificación al proyecto original no implique un debilitamiento de la Unidad, sino que asegure la continuidad del trabajo realizado hasta la fecha.
9. Acerca del estado de trámite de la ley reparatoria, se pronunció el Subsecretario del Promoción y Protección de Derechos Humanos Dr. Rodolfo Mattarollo, quien expuso las alternativas y el estado del proyecto elaborado en el ámbito de esa dependencia, distribuyéndose a los participantes de la mesa de diálogo un ejemplar del mismo. En este sentido, expuso que la metodología que inspiró la redacción del proyecto de ley es la misma, en sustancia, que la que informa las leyes reparatorias por violaciones de los derechos humanos aprobadas en nuestro país a partir de 1991. En tal sentido, se contempla el beneficio a favor de los causahabientes de personas fallecidas como consecuencia del atentado, y de los que hubieran sufrido lesiones graves o gravísimas a consecuencia del mismo según la clasificación que de estas lesiones hace el Código Penal. Ante el requerimiento de los peticionarios de ampliar la consulta de este proyecto de ley reparatoria a todas las víctimas directas del atentado, sostuvo que no existe inconveniente en hacerlo y que se debería adoptar una forma de consulta tal que no demore excesivamente el trámite de presentación y aprobación parlamentaria del proyecto.
10. Al respecto, los peticionarios expresan su interés de que, sin perjuicio de las consultas que se sustancien, el proyecto de ley pudiera tener estado parlamentario durante el próximo período legislativo.
11. Sobre las cuestiones vinculadas a los honorarios regulados o a regularse judicialmente en la instancia doméstica, ha tomado intervención previa la Procuración del Tesoro de la Nación – órgano del Estado Nacional con competencia y experiencia específica en la materia – la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio del Interior. Copia del dictamen producido por éste último órgano se entrega a los participantes de la mesa de diálogo. Sin perjuicio de ello, se informa que aún debe expedirse nuevamente la Procuración del Tesoro de la Nación.
12. Respecto de este último dictamen, los peticionarios expresan su preocupación por su contenido, toda vez que entienden que éste no refleja el compromiso asumido por el Estado Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobado por el decreto 812/2005, cuando ofreció discutir las cuestiones vinculadas con las costas en proceso interno e internacional. Obviamente el ofrecimiento lleva ínsito la voluntad de pago, pues de otra manera nos se hubiera consignado el ofrecimiento, de manera que el tema de discusión sólo se refiere al momento en que se hará efectivo. Asimismo, el dictamen desconoce los hechos del caso AMIA, al referirse a una eventual responsabilidad civil, e ignorar la responsabilidad internacional del Estado. Al mismo tiempo, omite considerar que el Estado reconoció su responsabilidad por las irregularidades cometidas durante la investigación, algunas de ellas cometidas por miembros del Ministerio Público Fiscal, tal como fue plasmado en la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 3, que ordenó investigarlos penalmente y promover su destitución luego de haberlos separado de la causa a raíz de un planteo recusatorio. Es por esta razón que la querella de Memoria Activa debió asumir un rol que definitivamente no desempeñaron los representantes del Ministerio Público Fiscal. Sin perjuicio de lo expuesto, los peticionarios harán llegar su posición a la Procuración del Tesoro de la Nación, por intermedio de la Representación Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, a efectos de que sea tenida en cuenta al momento de la elaboración del dictamen definitivo.
13. Sin perjuicio de la reunión de trabajo que se celebrará ante la CIDH en el marco de su próximo período ordinario de sesiones, las partes convienen en celebrar su próxima reunión, tentativamente, durante la segunda quincena del mes de abril de 2006.
14. Asimismo, las partes convienen en informar de lo actuado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Cancillería.
REUNION DE TRABAJO EN LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE LA OEA EN WASHINGTON - 8 DE MARZO DE 2006
PRESENTACION DE MEMORIA ACTIVA
2da Reunión de trabajo – Washington DC – 8 de marzo de 2006
Los familiares de las víctimas nucleados en MEMORIA ACTIVA volvemos a sentarnos frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por segunda vez desde que el Estado Argentino, el 4 de marzo de 2005, reconociera su responsabilidad por la violación de los derechos humanos en el caso AMIA.
Un año después de esa fecha, queremos recordar las palabras del Sr. Presidente de la Nación Argentina, Dr. Néstor Kirchner, el día 3 de marzo de 2005, cuando dijo: “Sufrimos lo que sufren los familiares más la vergüenza de tener un Estado que durante tanto tiempo no supo resolver o no quiso o encubrió”.
Un año después, podemos afirmar con dolor y gran preocupación que esta vocación y compromiso del Presidente Kirchner no ha sido interpretada y efectivizada por las personas responsables de cada una de las áreas del Estado.
Queremos recordar que fue el Estado Argentino quien ofreció abrir un espacio de diálogo comprometiéndose a realizar acciones para avanzar en la búsqueda de verdad, justicia y reparación en la causa AMIA, así como a tomar medidas para que ningún argentino vuelva a sufrir lo que nos tocó padecer a nosotros.
El gobierno señaló, en esa oportunidad, la necesidad de que este atentado fuera objeto de una investigación plena, clara y transparente, y propuso 7 puntos que esta parte y la Comisión aceptamos.
Quisiéramos, un año después, analizar punto por punto lo actuado a fin de que se comprenda nuestro reconocimiento con lo realizado y nuestra exigencia por lo mucho que aún falta por hacer.
PUNTO 1: Amplia difusión del reconocimiento de responsabilidad formulado precedentemente y, teniendo en cuenta la gravedad institucional que rodea el presente caso, la formalización de tal manifestación de voluntad a través de un decreto del poder ejecutivo nacional.
El 12 de julio de 2005 el Presidente de la Nación firmó el Decreto 812, que fue ampliamente difundido.
PUNTO 2: Publicidad del informe Grossman
Este informe se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Justicia.
PUNTO 3: Medidas de apoyo a la investigación lo que incluye:
3.a) Profundizar el fortalecimiento de la Unidad Fiscal del Ministerio Público
3.b) Medidas tendientes a garantizar la investigación del atentado y el encubrimiento y las sanciones a los responsables.
El Estado Argentino ha proveído los recursos materiales y humanos a fin de que la Unidad Fiscal, a cargo del Dr. Nisman, pueda realizar la tarea de investigación que le delegó el juzgado instructor. Puso a disposición personal capacitado y también proveyó el sistema EXCALIBUR para el entrecruzamiento de llamados telefónicos.
Sin embargo, esta asignación de recursos no se ha traducido en avances significativos.
Se realizaron tareas de identificación del supuesto conductor de la camioneta trafic que voló la AMIA. Pero cabe preguntarse cuáles fueron los resultados de los estudios de ADN que la fiscalía anunció que realizaría para corroborar su identidad? Cuál es el resultado de los entrecruzamientos telefónicos surgidos de esta pista? Cuál es el avance en la identificación de la carrocería del coche bomba, y dónde se encontraban las casas seguras usadas por los terroristas en los días previos a la explosión?.
Que nuevas pistas de investigación se generaron y que resultados se obtuvieron?
Desde el año 2003 existían pedidos de capturas internacionales de sospechosos de haber participado en la masacre de AMIA pedidos por el ex Juez Galeano. Después de su destitución INTERPOL bajó las alertas. Que nueva prueba se generó para que después de 12 años se pueda, finalmente, solicitar con seriedad los pedidos de captura?
3.c) Fortalecimiento de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Lamentamos informar que hace una semana el Ministro de Justicia, Dr. Alberto Iribarne, le inició una querella criminal al Dr. Alejandro Rúa, ex titular de la Unidad AMIA, por haberle dicho a un periodista que él consideraba que había disminuido el impulso en la investigación a partir de la gestión del Dr. Iribarne.
El Dr. Rúa motorizó, en representación del Estado, el histórico reconocimiento de responsabilidad realizado hace un año y durante su gestión encabezó con firmeza la actividad del Estado hacia el esclarecimiento de la masacre y el castigo a los encubridores. MEMORIA ACTIVA considera que la criminalización de un funcionario del Estado por criticar políticas oficiales sobre el desarrollo del caso AMIA, envía una señal equivocada hacia la comunidad internacional en relación con el compromiso del Estado y sobre todo hacia los actuales funcionarios que deben cumplir con el Decreto del Presidente Kirchner.
Un año después, nos encontramos con una Unidad encabezada interinamente por el Dr. Alejandro Slokar, Secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, presente aquí en esta reunión.
El Estado Argentino decidió recién la semana pasada otorgar al Dr. Slokar, la facultad de querellante en la causa que investiga el encubrimiento, como un intento de jerarquizar el poder de la querella, a través del Decreto 229/06.
Reclamamos que en lo sucesivo la actividad del Estado para cumplir con los compromisos asumidos a través del decreto 812/2005 no tenga impulsos espasmódicos, sino que ratifique clara y eficazmente la voluntad expresada por el Presidente.
Queremos que del Dr. Slokar informe cuál es la estrategia que implementará la UNIDAD AMIA a partir de ahora. De qué manera se cumplirá con lo ordenado en la sentencia del Tribunal Oral, para enjuiciar a todos aquellos, (cito textual) “funcionarios y ex funcionarios del estado que tejieron los hilos de la impunidad para quedar libres de culpa y cargo y para que nunca lleguemos a la verdad”?
3.d) Profundización del proceso de relevamiento de archivos del Caso AMIA en poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado y fuerzas de seguridad.
La Unidad AMIA efectuó el relevamiento de los archivos que entregó la Secretaria de Inteligencia, pero consideramos que no se han agotado las acciones tendientes a ubicar mas archivos, por ejemplo aquellos que refieren al sector SALA PATRIA de la Secretaria de Inteligencia y que aún no han aparecido.3.e) Extensión de las unidades de relevamiento a la Dirección de Migraciones e informatización de los registros migratorios.
Solicitamos que el Estado informe en esta reunión los avances en este punto, porque hasta el presente no hemos sido informados.
PUNTO 4: Creación de una unidad especializada en catástrofes, tanto para la atención de las emergencias médicas, como para la recolección y protección de pruebas en casos criminales, lo que incluye la elaboración de un plan de contingencia para casos de atentados.
A 14 años de la masacre en la Embajada de Israel, a casi 12 años de la masacre en AMIA y a un año del incendio de la Discoteca Cromagnon que provocó, por un lado la muerte de casi 200 personas y por otro la destitución del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; en la reunión previa a este viaje el Estado Argentino presentó un informe sobre las acciones llevadas a cabo en relación a la implementación de una unidad para la respuesta en caso de catástrofes.
De lo poco que pudimos entender de ese informe, el mismo aparenta ser sólo un material de trabajo, que además relata experiencias previas. Sorprende que en el mismo, pongan como ejemplo de su experiencia y conocimiento las tareas realizadas por los organismos oficiales en los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA.Todos sabemos de la desidia y el mal desempeño que, en el mejor de los casos, hubo ante estas masacres, en las que no sólo no se salvaron vidas sino que además se perdieron todo tipo de pruebas. Esto fue reconocido por el propio Estado y fue uno de los puntos que dio inicio al proceso de solución amistosa.
En este punto queremos expresar que aún hoy nos encontramos en un estado de indefensión frente a una situación catastrófica de cualquier índole.
No somos expertos en este tema, pero creemos que el material es confuso y no surge de él ni el plan de contingencia ni su instrumentación. Por eso esperamos que en esta reunión el Estado informe con claridad que hará efectivamente al respecto.
Como es posible que un año después del compromiso asumido no se haya constituido una unidad eficaz especializada en catástrofes y recolección de pruebas?.
Porqué todo debe costarnos tanto esfuerzo a los familiares, si sólo se trata que el Estado cumpla con los compromisos que asumió.
Cuántas vidas más deben perderse para que el Estado finalmente elabore un plan de contingencia?
PUNTO 5: Medidas relacionadas con reformas normativas con el objeto de:
a) Transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de inteligencia.
b) Facilitar el acceso a la información de inteligencia por parte de los jueces en investigaciones vinculadas con hechos de terrorismo.
El 3 de mayo de 2005 el titular de la Oficina Anticorrupción Dr. Fleitas Ortiz de Rosas se comprometió a que antes de esta reunión el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso un proyecto de Ley respecto de los puntos a y b.
En la reunión del 30 de enero de 2006 se nos informó que dicho anteproyecto se encontraba a la firma del Ministro de Justicia, el Dr. Iribarne. Sin embargo recién la semana pasada, el Ministro ordenó recabar la opinión