PRESENTACION DE MEMORIA ACTIVA - 24 DE OCTUBRE DE 2006

PRESENTACION DEL DR.PABLO JACOBY - ABOGADO DE MEMORIA ACTI VA

ACTA DE LA REUNION


INFORME A LA COMISION INTERAMERICANA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2006

PRESENTACIÓN DE MEMORIA ACTIVA ANTE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE LA OEA – 24 DE OCTUBRE DE 2006.

Cuando los Estados Americanos suscribieron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en Bogotá, el 2 de mayo de 1948, asumieron un compromiso que abarca a todos los que habitamos este continente.

Ese documento era la promesa de que a todos los hombres y mujeres les serían garantizados los inalienables derechos a la vida, a la libertad, a la justicia y a la búsqueda de la felicidad.

Esta Comisión ha tenido un rol fundamental en los avances producidos en torno a la causa AMIA. Por esta razón venimos a manifestar nuestra preocupación por la falta de concreción de algunos puntos. Al mismo tiempo venimos a manifestar nuestro compromiso con el proceso con el fin de que el Estado cumpla los acuerdos pendientes de manera que este proceso de solución amistosa pueda cerrarse satisfactoriamente para todos.

El Estado Argentino se presentó ante esta Comisión, a las víctimas representadas por MEMORIA ACTIVA, y a sus patrocinantes CELS, CEJIL y Human Rights Watch hace 19 meses, reconociendo en un hecho histórico, su responsabilidad por la violación al derecho a la vida y a la privación de justicia en el caso AMIA, y comprometiéndose a cumplir una serie de puntos como base para iniciar este proceso de solución amistosa.

El Estado se comprometió a cumplir con la totalidad de lo pactado y todos sabemos que cumplir sólo parcialmente con las obligaciones sería echar por tierra el esfuerzo realizado hasta el momento por todas las partes involucradas.

El Estado ha demostrado que tiene los recursos para cumplir cada uno de los puntos que el propio Estado propuso y dar por terminado este proceso. Un claro ejemplo de ello es el procesamiento en el pasado mes de septiembre de autores y partícipes del encubrimiento de la investigación por el atentado. Para eso fue importante la decisión de otorgar facultad para querellar al titular de la Unidad AMIA concretada después de la última reunión de marzo de este año.

Esto es un claro ejemplo de decisión política traducida en avances significativos. Al mismo tiempo, plantea la necesidad de que se remuevan aquellos obstáculos que todavía existen e impiden el cumplimiento total de los compromisos asumidos.

Señores comisionados: ustedes saben que cada día que transcurre con este proceso abierto es un día más que se suma a los 12 años y medio sin justicia.
Hemos dado sobradas muestras de que tenemos paciencia. Hemos sido molestos como tábanos durante todos estos años, no hemos sido condescendientes porque sostuvimos irreductiblemente nuestra posición.

Hemos defendido nuestros derechos, hemos representado a nuestros familiares y este Gobierno lo sabe como ninguno, porque justamente una de las ideas fuerza que ha anunciado esta administración es el sostenimiento de los derechos humanos. Por ello es imprescindible que se resuelvan temas pendientes incluidos en el Decreto Presidencial 812/05.

Vamos ahora a analizar el estado de cumplimiento de cada uno de los compromisos que forman parte de este proceso de solución amistosa.

1. La creación de una Unidad especializada en catástrofes y elaboración de un plan de contingencia de alcance nacional.

En el mes de abril de 2006, un año después del reconocimiento de responsabilidad del Estado frente a la CIDH, el Ministro del Interior y su equipo de expertos participaron de una reunión en Cancillería y presentaron un Plan de Contingencia y la creación de la Unidad a través de un video que exponía el plan en funcionamiento. Sin ser expertos en la materia, las ideas planteadas parecían razonables.
Hoy, 6 meses después de esa reunión y luego de 12 años de ocurrida la masacre en AMIA, la República Argentina carece aún de la Unidad y del Plan Anticatástrofe que mostraba el video.

En abril se nos informó que faltaba pulir “detalles”. En septiembre se nos informó que falta suscribir acuerdos con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para implementar una primera etapa. No hay motivo razonable para que nuestro país carezca de un plan de contingencia nacional.

2. Informatización de los registros migratorios.
Hemos escuchado en las reuniones en Cancillería interminables discusiones entre el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia sobre quiénes y cómo deben realizar esta tarea.
Sólo tenemos claro que aún no se ha completado.

3. Adoptar medidas relacionadas con reformas normativas con el objeto de: Transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia y facilitar el acceso a la información de inteligencia por parte de los jueces en investigaciones vinculadas con hechos de terrorismo.

El Ministro de Justicia giró para consulta el Proyecto de Ley elaborado por la Oficina Anticorrupción que cumple con este compromiso a diferentes agencias de seguridad del Estado en el mes de febrero. A la fecha, de acuerdo a la información brindada por el Estado en la última reunión, este Proyecto no sólo no ha tomado estado parlamentario sino que no salió aún del Ministerio de Justicia.

Este no es un tema menor, su importancia es crucial porque recordemos que tal como quedó demostrado en las causas judiciales, los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia, se usaron en la causa AMIA para que el Estado “construyera una hipótesis incriminatoria al servicio de oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”.

Tanto la sentencia del Tribunal Oral Criminal Federal Nº 3 como el fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal explican claramente cómo se construyó esa mentira oficial y que para construirla fue imprescindible la perversa utilización de los recursos del Estado especialmente distribuidos a partir de la actividad de la Secretaría de Inteligencia.

Es importante que la Comisión conozca en esta audiencia de parte del Estado las razones por las cuales no se adoptaron las medidas para promover las reforma normativas comprometida respecto de este punto.

4. Promulgación de una ley reparatoria para las víctimas y todos sus familiares.
Pese a que MEMORIA ACTIVA decidió no impulsar este tema por considerarlo una cuestión atinente a todo el universo de víctimas del atentado, que abarcan muchas más personas no incluidas en este grupo peticionario, debemos indicar que hasta hoy el Estado no ha cumplido este compromiso.

5. Costas y honorarios en el proceso interno e internacional
A más de un año y medio del reconocimiento de responsabilidad, el Estado todavía no ha cumplido con el pago de las costas y honorarios por las actuaciones judiciales nacionales e internacionales.
Este incumplimiento esta dificultando la defensa de los peticionarios a nivel interno e internacional, las causas se mantienen abiertas y eso es muy costoso para nosotros, los familiares. Por esta razón, la demora está poniendo en peligro el derecho a la jurisdicción de los familiares y el trámite de este mismo proceso internacional ante esta Comisión.

6. Medidas de apoyo a la investigación que incluyen: Medidas tendientes a garantizar la investigación del atentado y el encubrimiento y las sanciones a los responsables.

El Estado dotó a la Fiscalía de los recursos técnicos y humanos necesarios para desarrollar una tarea eficaz, pero no podemos soslayar el hecho de que el paso del tiempo juega en contra de la investigación y a favor de la impunidad.
El Dr. Jacoby se va a referir a este tema en profundidad.

Sobre al encubrimiento de la masacre, uno de los puntos planteados en este proceso resultó en la concreción de la facultad para querellar de la Unidad de Investigaciones AMIA, a cargo del Dr. Alejandro Slokar, y queremos destacar su eficaz labor.

Esta tarea tuvo como resultado la resolución dictada por el Juez Federal Dr. Ariel Lijo quien ordenó el procesamiento de autores y partícipes en las maniobras de encubrimiento del atentado.

Señores comisionados, no es un tema menor, la justicia Argentina procesó, entre otros, a un ex Secretario de Inteligencia, a un ex Juez Federal de la Nación, a dos ex Fiscales, al ex Presidente de la Comunidad Judía y al duplicador de autos y último poseedor del motor de la trafic que explotó en AMIA.

Y es de toda justicia reconocer que esta Comisión tuvo mucho que ver en el cambio de rumbo que hubo en la causa a partir de nuestra denuncia, y tuvo mucho que ver para que las diferentes agencias del Estado Argentino, políticas y judiciales, adoptaran las medidas correctas con el fin de que personajes poderosos e influyentes rindan cuentas por su responsabilidad en la falta de investigación y sanción a los responsables del atentado.

Los procesamientos decretados representan un importante avance en la causa judicial por el encubrimiento, que deberá continuarse con la determinación de responsabilidades complementarias desde el punto de vista de los partícipes secundarios y la determinación de las responsabilidades políticas, tal como fueran señaladas por el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 3 en su sentencia y por la Cámara Nacional de Casación Penal en su fallo confirmatorio.

Hasta el presente, el ex Secretario de Inteligencia del gobierno del ex presidente Menem, Dr. Hugo Anzorregui es el único funcionario político procesado.

De acuerdo con ambas sentencias el armado de la mentira oficial en la causa respondió a (cito): “oscuros intereses de políticos inescrupulosos”. Si el Tribunal Oral Federal Nro. 3 y la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal dictaron sentencias tan contundentes, demandamos que a la brevedad se avance en ese sentido, hacia quienes fueron los gobernantes inescrupulosos que nos negaron justicia.

En sentido contrario a la resolución del Dr. Lijo, nos interesa mencionar el caso del juez Bonadío. Este juez tenía a su cargo la causa por encubrimiento y la dilató cinco años hasta que fue separado por la Cámara de Apelaciones.
La semana pasada fue premiado por el Consejo de la Magistratura que resolvió archivar los pedidos para poder investigar su desempeño.

Este tipo de medidas indican que tanto nosotros, como esta Comisión, debemos monitorear de cerca el cumplimiento de los compromisos asumidos por el estado.

Porque no queremos que fracase este proceso de solución amistosa, haremos todo lo necesario, -y al efecto pedimos la colaboración de la COMISION- para que las personas y los intereses que están detrás del encubrimiento y de la falta de resolución de la masacre de la AMIA, rindan cuentas.

Los familiares de las víctimas asesinadas en AMIA hace más de 12 años solicitamos a la Comisión un mensaje claro hacia el Estado Argentino para que continúe cumpliendo con los compromisos asumidos de manera de que este proceso satisfaga plenamente los derechos a la verdad y la justicia de las victimas y de toda la sociedad.

Si la COMISION lo hace será visto como una nítida afirmación de que las obligaciones internacionales asumidas por un Estado no pueden ser obviadas. Por el contrario, la comunidad internacional podrá observar que si el estado honra sus obligaciones y garantiza los derechos de las victimas las instituciones democráticas salen fortalecidas.

Como argentinas y argentinos le pedimos entonces al Estado que den solución al caso de la AMIA, con ello nuestra patria será mas digna.

Para llegar a terminar este proceso de solución amistosa, concretamente proponemos:

1. Que la Comisión inste al Estado a que ponga plazos para la finalización de todos los temas pendientes cuando ello es posible.
2. Que la Comisión nos conceda una nueva Audiencia en el próximo período de sesiones para dar cuenta del estado de situación de este proceso de solución amistosa.

La masacre de la AMIA es el atentado criminal más importante de la historia argentina y aún continúa impune.

Tenemos derecho a saber quienes asesinaron a nuestros familiares.

Tenemos derecho a exigir que los asesinos, cómplices y encubridores sean juzgados y condenados.

Porque tal como expresó en su informe final el veedor de la COMISION , Dr. Claudio Grossman: “hacer justicia no es una alternativa sino un deber”.


PRESENTACION DE L DR. PABLO JACOBY - ABOGADO DE MEMORIA ACTIVA

Como abogado de MEMORIA ACTIVA es mi obligación informar a la COMISION sobre el estado de avance de los procesos judiciales que se encuentran en trámite y de toda otra actividad extrajudicial vinculada al avance de cuestiones debatidas en el ámbito de la mesa de solución amistosa que esta COMISION se encuentra monitoreando.

1. CAUSA PRINCIPAL CUYA INSTRUCCION SE ENCUENTRA DELEGADA EN LA FISCALIA A CARGO DEL DR. NISMAN Y DEL DR. MARTINEZ BURGOS.

Es menester informar que le Estado ha dotado a la Fiscalía de los recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de una tarea eficaz.
Existe una comunicación apropiada entre la Fiscalía y la querella de MEMORIA ACTIVA, que indica una clara diferencia con la situación existente durante el período que motivó nuestra denuncia, donde existía una serie infinita de legajos o expedientes secretos que nuestra parte desconocía y una actitud por parte de los funcionarios judiciales quienes no solo nos ocultaban los expedientes sino que nos consideraban una parte hostil en la investigación, a pesar de que revestíamos el rol de parte querellante.
Peor aún, ello en beneficio de otras partes querellantes con las que detentaban alianzas espurias que llevaron al fracaso –como se vio- a la investigación.

Si bien han transcurrido más de 12 años, la Fiscalía ha organizado y sistematizado la información recogida y se encuentra abocada a la dilucidación de pistas importantes como cuál fue la carrocería utilizada para portar el motor hallado entre las ruinas de la AMIA, cuáles fueron las casas seguras utilizadas por los terroristas, realizar el entrecruzamiento de llamados telefónicos durante el período 1 de Julio al 18 de Julio de 1994, desde y hacia la Argentina.

Comprendo y participo de la ansiedad de mis representados en punto a la necesidad de ver concretados los resultados de esta investigación a cargo de la FISCALIA AMIA, pero debo adoptar un perfil profesional y menos emotivo.

Conforme se nos ha informado se está trabajando intensamente, en un dictamen referido a los autores materiales e intelectuales de la masacre.

Estamos a la espera de su concreción para poder analizarlo y en su caso, prestar todo el apoyo y colaboración necesarios para sostener posteriormente pedidos de captura internacionales basados en prueba sustentable.

Ansiamos que esta vez, si el Juez a cargo de la investigación Dr. CANICOBA CORRAL, decide requerir capturas internacionales contra los responsables del atentado, las mismas puedan ser defendidas en un proceso de extradición que no fracase como el anterior pedido respecto del ex embajador iraní en Buenos Aires al momento del atentado, Hadi Soleimpampour quien fue detenido en Gran Bretaña, y cuya extradición fue rechazada por el Juez británico argumentando “problemas formales”.

Más aún, solicitamos en su oportunidad que Interpol otorgue y mantenga la alerta roja para que los sospechosos de haber cometido este atentado puedan ser investigados y llevados a juicio, cualquiera fuera su nacionalidad, incluyendo Irán o Líbano u otros países u organizaciones terroristas como Hezbollah.

Esto es fundamental para que se haga justicia en el caso.
Por último estamos ansiosos por saber si el Gobierno Argentino está dispuesto a acompañar decisiones que se produzcan como resultado de la investigación, desde un punto de vista político y diplomático.

Solo un enérgico y activo apoyo político oficial será efectivo.
Así lo reclamamos, más allá de los personajes, grupos terroristas o países extranjeros involucrados, conforme una seria investigación judicial lo determine.

Si el Gobierno apoya y acompaña, nuevamente demostrará que está dispuesto a diferenciarse de la actitud de anteriores administraciones.

2. CAUSA QUE INVESTIGA EL ENCUBRIMIENTO A CARGO DEL JUEZ FEDERAL ARIEL LIJO.
Si bien denominamos esta investigación como la causa del encubrimiento, debo aclarar a la COMISION que este nombre se debió a un eufemismo acuñado cuando todavía los gravísimos e irreparables delitos cometidos por funcionarios judiciales y políticos no se habían esclarecidos suficientemente.

En Argentina el delito de “encubrimiento” es un delito menor, de carácter correccional con una pena máxima de 3 anos.

Sin embargo debo informar que en esta causa se investigaron delitos mucho más severos como peculado, privación ilegal de la libertad calificada, etc.

El Juez Lijo acaba de dictar un auto de procesamiento contra el ex juez instructor, sus fiscales, el jefe de la SECRETARIA DE INTELIGENCIA y sus colaboradores inmediatos, el ex presidente de la DAIA (DELEGACION ASOCIACIONES ISRAELITAS ARGENTINAS), el reducidor de autos y proxeneta Telleldin, quien tuvo el motor que apareció entre los escombros luego de la explosión, contra su abogado, su concubina, etc.
Sin embargo, solo con condenas firmes, el Estado Argentino podrá exhibir un cumplimiento acabado respecto de esta cuestión.
No es suficiente que el trámite judicial se desarrolle, sino que resulta indispensable su continuidad hasta la sentencia definitiva.
Reclamamos en esta causa el avance por parte del Juez Lijo sobre el segundo anillo de responsabilidades penales.

Nos referimos a los colaboradores del ex juez, sus secretarios, policías involucrados y políticos mencionados por la resolución del TRIBUNAL ORAL CRIMINAL FEDERAL Nro. 3.

Es impensable que la operación de encubrimiento haya sucedido sin la dirección, compromiso y complacencia de las más altas autoridades políticas.

Quizás todavía no se registren pruebas judiciales en su contra, pero ese es el desafío por venir.

Llamamos además nuevamente a hacer justicia y llegar a establecer las responsabilidades de los autores materiales e intelectuales de este horrendo crimen.

Su solución hará una Argentina mejor, respetada y respetable por todas las naciones civilizadas del mundo.



INTER - AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L'HOMME


ORGANIZATION OF AMERICAN STATES
WASHINGTON, D.C. 2 0 0 0 6 U.S.A.


ACTA


En la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los 24 días del mes de octubre de 2006, y en el marco de su 126 período ordinario de sesiones, se celebra la reunión de trabajo relativa al proceso de solución amistosa seguido en la petición 12.204 (Asociación Mutual Israelita Argentina - AMIA), posterior a la audiencia que al respecto se celebro en el día de la fecha. Se encuentran presentes por los peticionarios la señora Diana Wassner, la señora Adriana Reisfeld y el Dr. Pablo Miguel Jacoby (Memoria Activa), el Dr. Gastón Chillier por el CELS, la Dra. Julieta Di Corletto por CEJIL. Por el Estado Nacional se encuentran presentes el señor Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional Embajador Horacio Méndez Carreras, el señor Secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a cargo de la Unidad Amia, Dr. Alejandro Slokar, y la señora Directora Nacional de Asuntos Internacionales en Materia de Derechos Humanos de la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dra. Andrea Gualde. Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentran presentes el Comisionado Florentín Meléndez, el señor Secretario Ejecutivo Dr. Santiago Cantón, y la Dra. Elizabeth Abi-Mershed.

Finalizadas las deliberaciones, se deja constancia de lo siguiente:


1. En relación al proceso de digitalización de las fichas migratorias, la Unidad AMIA se compromete a remitir una nota a la Secretaria de Inteligencia a efectos de que establezca un plazo para la finalización de los trabajos que al respecto tiene a su cargo, para ser aportado en el marco de la próxima reunión de trabajo. Respecto de la sistematización de las fichas que se encuentra a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones, la Unidad AMIA manifiesta que, en función de lo informado por dicha agencia estatal, la tarea estaría culminada con anterioridad al próximo periodo de sesiones de la CIDH, comprometiéndose a, en caso de ser necesario, aportar los recursos humanos que fueran indispensables para completar dicha tarea.


2. En relación a la creación de una Unidad Anticatástrofes y plan de contingencias, la Representación Especial para Derechos Humanos se compromete a remitir una nota al Ministerio del Interior a efectos de que en la próxima reunión de la mesa de dialogo pudiera informarse acerca de los siguiente temas a) una estimación de la fecha en la que se procederá a suscribir el convenio entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; b) la fecha en la que se completaría el proceso licitatorio para la puesta en funcionamiento en dicho ámbito; y c) la proyección y descripción de las siguientes etapas a implementar a efectos de que el plan proyectado adquiera alcance nacional.

3. En relación a los procesos judiciales en curso el Estado hace saber que a la mayor brevedad el Fiscal General Alberto Nisman, a cargo de la Unidad Fiscal M.P.F. dara a conocer su dictamen en orden a la determinación de responsabilidades de los autores materiales y cómplices en el marco de la causa en la que se investiga el atentado. De otro lado, respecto de la causa del encubrimiento la Secretaria de Política Criminal hace saber que con el agotamiento de los recursos ordinarios ya interpuestos en tratamiento ante la Cámara de Apelaciones, se llevara adelante una nueva presentación para la determinación de la responsabilidad de los participes que por acción u omisión hayan colaborado en la maniobra que se investiga.

4. En relación a los puntos 5, 6 y 7 del acta de marzo de 2005 ratificada mediante el decreto 812/05, el Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional se compromete a solicitar a las áreas concernidas un cronograma de cumplimiento a los efectos de presentarlo en una reunión de trabajo a realizarse tentativamente entre los días 7 y 15 del mes de diciembre de 2006, en la que se prevé la eventual visita del Comisionado Florentin Meléndez.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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