Caso AMIA:
Comunicado de prensa CELS –
Memoria Activa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó el caso
AMIA: hubo avances pero los compromisos asumidos por el Estado argentino se
han cumplido sólo parcialmente.
Presentamos el comunicado emitido por el CELS y Memoria Activa el pasado 24
de octubre, minutos después de la reunión celebrada en Washington:
Hoy 24 de octubre de 2006 se celebró una nueva audiencia ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso del atentado a la sede
de la AMIA. De la audiencia participaron representantes de los peticionarios
del caso, Memoria Activa, CELS y CEJIL, y del gobierno. La audiencia fue convocada
por la CIDH para analizar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos
por Argentina, después de que el Estado reconoció formalmente
la responsabilidad internacional por la falta de prevención del atentado
a la sede de la AMIA y por las graves y deliberadas irregularidades cometidas
durante la investigación judicial y se comprometió a impulsar
una serie de medidas. A un año del reconocimiento de responsabilidad
y a más de 12 años de ocurrida la masacre, los peticionarios
reconocieron los avances conseguidos pero destacaron que el cumplimiento del
compromiso todavía es parcial.
En sus presentaciones, Diana Malamud y el abogado Pablo Jacoby, de Memoria Activa, reconocieron los progresos obtenidos en la causa en que se investiga el encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA. Sostuvieron que las facultades para querellar otorgadas a la Unidad Especial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y su destacada labor, habían conducido al procesamiento, por parte del juez federal Dr. Ariel Lijo, de algunos de los principales responsables -entre ellos el ex secretario de inteligencia Hugo Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales José Barbaccia y Eamon Mullen, el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja y el último poseedor de la camioneta Trafic que explotara en la AMIA, Carlos Alberto Telleldín-.
Sin embargo, Malamud fue enfática al solicitarle a la CIDH que continúe monitoreando el caso pues varios compromisos asumidos ante la Comisión por el Estado argentino aún no se han cumplido. Según Malamud es preciso que “la Comisión emita un mensaje claro hacia el Estado argentino para que cumpla con la totalidad de los compromisos que asumió”. Agregó que “el Estado aún debe encontrar la manera de remover aquellos obstáculos que todavía existen y remarco como la principal obligación aún pendiente la del esclarecimiento del atentado. Si bien La Unidad Fiscal que lleva adelante la investigación del atentado ha realizado una eficiente tarea de sistematización de información, aún hoy no ha arribado a resultados concretos sobre las responsabilidades materiales e intelectuales del hecho”.
Asimismo, los peticionarios expresaron que no se han demostrado avances en la reforma a la ley de inteligencia que tiene como objeto transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia y facilitar el acceso a la información de inteligencia por parte de los jueces en investigaciones vinculadas con hechos de terrorismo. Del mismo modo, si bien se ha presentado una propuesta para la creación de un Unidad especializada en catástrofes y un plan de contingencia, no se ha definido el marco para implementar este proyecto de manera concreta.
Finalmente, el Comisionado Florentín Meléndez manifestó que la Comisión “está evaluando realizar una visita de trabajo a la Argentina en el mes de diciembre, oportunidad en la cual se evaluarán los puntos aún pendientes de cumplimiento”.
El país | Miércoles, 25 de Octubre de 2006
El debe y el haber del Estado en la causa AMIA
La CIDH realizó en Washington una audiencia de seguimiento del caso.
Se consideró un avance el procesamiento del ex juez Galeano y de Hugo
Anzorreguy. Hubo reclamos por la falta de resultados sobre los autores del
atentado.
Reisfeld y Malamud, de Memoria Activa, y Gastón Chillier, del CELS.Por
R. K.
En el marco de la mediación por el caso AMIA que se realiza ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado argentino
y la agrupación Memoria Activa convinieron en que hubo importantes
avances y que todavía faltan muchos pasos por dar. El fallo del juez
Ariel Lijo, en el que se procesó al ex juez Juan José Galeano,
al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y a otros funcionarios por delitos
como la privación ilegal de la libertad o peculado, fue mencionado
como el principal avance. La falta de un dictamen del fiscal Alberto Nisman
sobre los autores materiales e intelectuales del atentado –se dice que
es inminente– y la necesidad de llegar hasta instancias más altas
del gobierno menemista en la causa por las irregularidades fueron resaltadas
como deudas del Estado argentino. También hubo compromisos sobre la
digitalización de Migraciones y la creación de una Unidad Anticatástrofes.
Los participantes de la reunión realizada ayer en Washington firmaron un acta. Por el Estado estuvieron el secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar, y el embajador Horacio Méndez Carreras; por Memoria Activa, Adriana Reisfeld, Diana Malamud y el abogado Pablo Jacoby, acompañados por el CELS y el CEJIL, mientras que la conducción de la mediación estuvo a cargo del comisionado Florentín Menéndez, quien llegará a Buenos Aires en diciembre para evaluar la labor del Estado en el caso AMIA.
En las exposiciones hechas por Slokar y Jacoby el punto de coincidencia fue el progreso que representó el fallo que imputó a Galeano, Anzorreguy, los fiscales, el ex titular de la AMIA Rubén Beraja y otros participantes de la investigación que empezó en 1994. Respecto de la marcha de esta causa, Jacoby insistió en que debe avanzarse sobre las autoridades del menemismo, ya que considera que las maniobras no pudieron hacerse sin el visto bueno de funcionarios del mayor rango. También en el terreno judicial se espera el inminente dictamen del fiscal Alberto Nisman, que como ya adelantara Página/12 hace un mes, imputará a Hezbolá y a Irán como autores materiales e intelectuales del atentado contra la AMIA.
En el acta firmada ayer, el gobierno nacional se comprometió a completar la digitalización de las fichas migratorias y a completar la creación de una Unidad Anticatástrofes preparada para actuar en un caso como el de la AMIA. En representación del Ejecutivo, Slokar sostuvo que “se han logrado avances objetivos y ésta es la ratificación de las políticas de Estado contra la impunidad”. Por su parte, Diana Malamud, de Memoria Activa, expresó: “Solicitamos a la CIDH un mensaje claro al Estado argentino para que continúe cumpliendo con los compromisos asumidos, de manera que este proceso satisfaga plenamente los derechos a la verdad y la justicia de las víctimas y toda la sociedad. Tenemos derecho a saber quiénes asesinaron a nuestros familiares”, dijo Malamud, tras exigir que “los asesinos, cómplices y encubridores sean juzgados”.
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Investigación polémica
Caso AMIA: reclamo al Gobierno en la OEA
La CIDH exige completar reformas
WASHINGTON (De nuestro corresponsal).- Diecinueve meses después de
que la Argentina reconoció su responsabilidad en el encubrimiento del
atentado contra la AMIA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) pidió ayer al Gobierno que fijara un cronograma para cumplir
con todas las reformas prometidas y pendientes desde aquella audiencia.
El pedido lo hizo el relator especial para la Argentina de la Comisión, Florentín Meléndez, al acceder a un reclamo de Memoria Activa en la audiencia celebrada en esta capital para acelerar "los puntos pendientes de cumplimiento" del lado del Gobierno.
Meléndez destacó que el Ejecutivo sólo puede avanzar en puntos como la demorada concreción de la Unidad Anti-Catástrofes, pero también pidió que ofreciera "un compromiso de gestión política" para impulsar en el Congreso los proyectos de ley prometidos.
El relator informó que viajará al país el 7 o el 15 de diciembre para seguir el avance del proceso de solución amistosa y evaluar otros casos que impulsa la CIDH en el interior. El Gobierno se comprometió a fijar para entonces todos sus plazos y a entregar su cronograma para cumplir las promesas.
Meléndez admitió el planteo de la secretaria de Memoria Activa, Diana Malamud, que expresó una "preocupación" por las demoras evidenciadas desde el Gobierno y el Congreso, que podrían "echar por tierra" el gesto del Estado de marzo de 2005.
Entre las reformas pendientes, Malamud apuntó la creación de la Unidad Anti-Catástrofes, la informatización de los registros migratorios y la reforma de la ley de inteligencia. Pero al igual que el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier, preservó de las críticas a sus interlocutores.
Memoria Activa subrayó los esfuerzos del secretario de Política Criminal y nuevo titular de la Unidad de Investigación AMIA, Alejandro Slokar; del responsable de Derechos Humanos de la Cancillería, Horacio Méndez Carrera, y de la directora del Ministerio de Justicia, Andrea Gualde.
"Queremos destacar la eficaz labor de la Unidad Investigación AMIA, a cargo del doctor Slokar", reconoció Malamud, que de inmediato trazó un contraste con el apoyo que ofreció el Gobierno en el Consejo de la Magistratura. Dijo que allí "premiaron" al juez federal Claudio Bonadío con el archivo de las denuncias por su supuesto mal desempeño.
Expectativa
El letrado de Memoria Activa, Pablo Jacoby, anticipó que esperan "el apoyo enérgico del Gobierno" en las semanas que vendrán, cuando la Justicia podría avanzar sobre figuras de Irán, el Líbano o Hezbollah como autores del atentado, o ex funcionarios como sus encubridores.
Tanto Slokar como la Cancillería reiteraron el compromiso del Gobierno y reconocieron que existen puntos pendientes. "No podemos hablar de resultados, sino de pasos hacia ellos", explicó Méndez Carrera, que se permitió una metáfora para expresar la posición oficial: "Somos como bueyes unidos bajo la pesada carreta de la culpa".
La importancia que cobró el caso AMIA para la CIDH quedó en evidencia en estas sesiones. A diferencia de lo que ocurre en otros procesos de solución amistosa, la Comisión fijó una audiencia -en lugar de una "reunión de trabajo", más reducida- y le otorgó 75 minutos -en vez de los 30 o 45 usuales- en su agenda sobrecargada.
"Este puede ser un ejemplo de un caso que permite erradicar la impunidad, ser un referente de cómo se alcanza la Justicia cuando hay voluntad de las partes", dijo Meléndez, y elogió los esfuerzos de Memoria Activa, el CELS, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Gobierno.
Hugo Alconada Mon
Para la CIDH, el "caso AMIA" resulta especial, reiteró anteayer el relator especial de la Comisión para la Argentina, Florentín Meléndez. Y un día después, imperaba la cautela en los pasillos de la OEA.
"El dictamen de la fiscalía es importante, pero hay otros puntos que el Gobierno debe cumplir en el proceso de solución amistosa abierto con los familiares de las víctimas del atentado", dijo anoche a LA NACION una fuente de la Comisión. "Hay que esperar y cotejar qué otros avances logra el Estado argentino", recordó.
Memoria Activa definió, por lo pronto, que un estudio jurídico norteamericano con sede central en esta capital, Foley Hoag LLP, "colaborará con la investigación" desde Estados Unidos, según adelantó a LA NACION su presidenta, Adriana Reisfeld.
Foley Hoag, que tiene 24 de sus abogados en el ranking 2007 "de los mejores abogados de Estados Unidos" y representa a Uruguay en la polémica por las papeleras, respaldará a Memoria Activa "dentro de su programa de apoyo jurídico gratuito a asuntos de interés comunitario o internacional".
Por Hugo Alconada Mon
Corresponsal en EE.UU.
MEMORIA ACTIVA
Críticas en Washington por la AMIA
La organización Memoria Activa renovó ayer ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos su "preocupación por la falta
de concreción" de los compromisos que asumió el Estado
argentino cuando el año pasado reconoció su responsabilidad
por la falta de prevención del atentado a la AMIA y el posterior encubrimiento
de la investigación.
En aquel momento, el Gobierno ofreció medidas para reparar a las víctimas y trabajar para que el país estuviese mejor preparado en el caso de un nuevo atentado, pero la mayoría todavía son promesas. "No vamos a parar hasta que el Estado cumpla con lo prometido", resumió a Clarín Diana Malamud, de Memoria Activa.
El abogado Pablo Jacoby pidió "que el gobierno argentino acompañe" próximos pedidos de captura internacional a posibles responsables del atentado. El representante en Derechos Humanos de la Cancillería, Horacio Méndez Carreras, mencionó el proyecto para la creación de una unidad de respuesta ante catástrofes con un costo de $ 48 millones.
WASHINGTON. CORRESPONSAL
"No hubo avances para transparentar el uso de fondos de la SIDE"Familiares de víctimas de la AMIA, ante la CIDH
Si bien reconocieron "algunos progresos", aseguraron que el Gobierno de Néstor Kirchner no cumplió con la totalidad de los compromisos, y pusieron énfasis en el freno a la reforma la Ley de Inteligencia.24.10.2006 Un fuerte reclamo efectuado por familiares de las víctimas del atentado a la AMIA fue presentado hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que acusa al gobierno de Néstor Kirchner de "no avanzar en la reforma a la Ley de Inteligencia para transparentar el uso de fondos de la SIDE”.
En una audiencia celebrada por la CIDH, los familiares "reconocieron los progresos" de la Justicia en la investigación de ilícitos que habrían impedido esclarecer el atentado, pero señalaron que el gobierno no cumplió con la totalidad de los compromisos contraídos en Washington durante 2005, cuando el Estado asumió responsabilidades en el posible encubrimiento del ataque.
Representantes de la CIDH viajarían en diciembre a la Argentina para monitorear el caso, dado que los familiares resaltaron que sigue "pendiente la obligación del Estado argentino de esclarecer" el atentado.
Como hechos positivos, Diana Malamud -que perdió a su esposo en el
atentado- y el abogado Pablo Jacoby, señalaron el procesamiento que
el juez federal Ariel Lijo dictó, entre otros, al ex secretario de
Inteligencia Hugo Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano, a los ex
fiscales José Barbaccia y Eamon Mullen, al ex presidente de la DAIA
Rubén Beraja y al ex doblador de autos Carlos Telleldín.
Lijo investiga el pago de 400 mil dólares que el Estado efectuó a Telleldín cuando el beneficiario de esos fondos -aportados por la SIDE- incriminó en el ataque, en 1996, a policías bonaerenses, que tras ocho años de cárcel fueron absueltos por un tribunal oral.
Sin embargo, los familiares señalaron a la CIDH que "no se han
demostrado avances en la reforma a la Ley de Inteligencia que tiene como objeto
transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la
SIDE y facilitar el acceso" de la Justicia a registros del organismo.
"Un mensaje claro hacia el Estado argentino para que cumpla con la principal obligación contraída en Washington: el esclarecimiento del atentado", reclamó Malamud a la CIDH, y agregó que "aún hoy no ha arribado a resultados concretos sobre las responsabilidades materiales e intelectuales del hecho", expresó en referencia a la intervención de una comisión especial del Ministerio de Justicia en la investigación del atentado.
La información fue difundida por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es uno de los representantes de los peticionarios ante la CIDH y participó de la audiencia junto a Memoria Activa, el CEJIL y delegados del propio gobierno de Kirchner.
Un comunicado del CELS indicó que "el comisionado Florentín
Meléndez manifestó que la Comisión 'está evaluando
realizar una visita de trabajo a la Argentina en el mes de diciembre, oportunidad
en la cual se evaluarán los puntos aún pendientes de cumplimiento".