La Cámara de Casación confirma las gravísimas irregularidades cometidas en la investigación del atentado a la AMIA

(19/05/2006) La Sala II de la Cámara de Casación Penal emitió hoy su fallo en el caso AMIA confirmando la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 3 que absolvió a todos los imputados. A más de un año del reconocimiento del Estado argentino de la responsabilidad internacional por la falta de prevención y por las irregularidades cometidas en la investigación del atentado perpetrado contra la sede de la AMIA, un nuevo tribunal de justicia, esta vez la Cámara de Casación, ratifica que en la investigación judicial se había construido una falsa versión de los hechos armada con el claro propósito de encubrir responsabilidades criminales y políticas.

En 1999, Memoria Activa, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y del Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la falta de prevención del atentado perpetrado contra la sede de la AMIA y por la denegación de justicia por las gravísimas irregularidades cometidas en la investigación. A partir de esta denuncia, el Estado argentino reconoció su responsabilidad y se inició un proceso de solución amistosa en el caso.

El fallo del Tribunal Oral Federal, ahora ratificado por la Cámara de Casación, la destitución del ex juez Juan José Galeano, y el reconocimiento internacional efectuado por el Estado argentino, reafirma lo sostenido por Memoria Activa en estos casi 12 años. Sin embargo, al mismo tiempo, nos transmiten una enorme sensación de frustración, por la falta de justicia.

Por ello, ahora el desafío del Estado argentino es garantizar a las víctimas y los familiares y a la sociedad en su conjunto, el derecho a la verdad y la justicia como así medidas institucionales que impidan la repetición de lo ocurrido. Para ello, es crucial que se avance sin demora en la investigación del atentado y su encubrimiento, para que los verdaderos responsables no sigan gozando de impunidad. También el Estado debe honrar los compromisos asumidos y, entre otras cosas, reformar la legislación sobre el manejo de los fondos reservados de la SIDE.

 

 

 

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